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LUNES 6 DE ENERO DEL 2003 / EDICION No. 22963 / ACTUALIZADA 12:00 am
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Douglas Carcache
douglas.carcache@laprensa.com.ni

Le preguntaron al político liberal Eduardo Urcuyo qué pensaba sobre el salario alto que devenga el Presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, y respondió que es un asunto personal, dejando la impresión de que el gobernante tiene la opción de aceptarlo o rechazarlo; y que si algunas personas consideran elevado ese ingreso, otras no.

Entre el público que asistía al debate sobre los escenarios políticos de Nicaragua para el 2003, saltó una voz: “Esa respuesta demuestra que los megasalarios son indefendibles”. En medio de la depresión económica y el aumento de la pobreza, es difícil justificar que el Presidente del país gane como si dirigiera una potencia económica.

Su salario para este año, ya reducido por la Asamblea Nacional, será de 158,477 córdobas (10,700 dólares) por mes. Además recibe una pensión mensual de 127,314 (8,600 dólares) por haber sido Vicepresidente de la República durante la administración pasada.

La propuesta que mandó el Poder Ejecutivo al Parlamento, le asignaba a Bolaños una paga de 198,097 (13,380 dólares) por mes, pero los legisladores la recortaron.

Otro observador de la discusión murmuró: “¿Por qué se fijan tanto en lo que gana el Presidente, si hay empresarios que ganan millones y nadie dice nada?” Es una mala comparación, porque los empresarios se lucran según la producción de sus negocios; mientras los funcionarios públicos son pagados con dinero de los impuestos que el gobierno recauda entre los ciudadanos. Cuanto menos riqueza tiene el país, menos fondos percibe el Estado.

De ninguna manera se puede considerar que el salario del Presidente de la República dependa de su actitud personal. Es algo que los legisladores deben normar, para todos los funcionarios públicos, de acuerdo a las circunstancias económicas del país.

En lo que Bolaños sí debería tomar una iniciativa personal, es con relación a la pensión que recibe como vicepresidente, independiente que sea legal, porque renunciando a ella indicaría que ocupa el cargo para servir a la nación y que su lucha contra la corrupción es completa.

El año pasado Bolaños tuvo el respaldo de la mayoría de la población, según diferentes encuestas, por su decisión de investigar los fraudes contra el Estado y mandar a juicio a los sospechosos, entre éstos el ex presidente Arnoldo Alemán; pero la ciudadanía todavía desconfía de las instituciones públicas que, en ciertos casos, las percibe como ineptas.

La economía nicaragüense cayó el año pasado y el Producto Interno Bruto (PIB) cerró con un índice positivo del uno por ciento, el más bajo de los últimos ocho años, según las estadísticas oficiales.

Los nicaragüenses que hacen fila frente a la Embajada de Costa Rica, queriendo emigrar, y los que circulan por las carreteras destruidas de Jinotega, Chontales, Chinandega o Granada, pensarán, con razón, que el gobierno necesita mejorar su gestión y esto también significa gastar menos en burocracia y más en obras para la comunidad.  
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