La PGR, a pesar de...
Sergio Boffelli*
A pesar de las heredadas y graves limitaciones de recursos económicos y humanos; las inadecuadas instalaciones y equipos deteriorados; la temprana ausencia del doctor Oscar Herdocia; las presiones de ciertos sectores; el desconocimiento de algunos órganos del Ejecutivo sobre las competencias de la PGR; las incoherencias e intrigas desde y entre supuestos aliados; la aparente oposición de otras instituciones del Estado, influenciadas por funcionarios nacidos de pactos politiqueros; la complejidad misma de las investigaciones; el extremo cuido de la información acopiada; la furia creciente de los investigados y acusados; las amenazas a la integridad física personal y familiar, sumado a campañas de desprestigio contra los principales funcionarios; la terquedad de quienes quisieran que la PGR fuera un mero y antojadizo instrumento político; la exigente presión de los medios de comunicación; las enormes expectativas de una población históricamente defraudada; la burocracia de nuestro sistema judicial; y otros muchos factores que no vienen hoy al caso..., marcaron día a día los retos de un año que culmina con la total satisfacción, desde la PGR, de saber que se ha avanzado haciendo lo que tenía que hacer. Es decir, lo que manda la Ley.
Desde sus inicios y en pocas semanas, en un maltrecho galerón en carretera a Masaya, sede de la PGR, se fue formando un pequeño y comprometido grupo de personas, conscientes del costo que exigiría ser fieles a una misión trascendental: en Nicaragua se combatiría, frontalmente y a largo plazo, la corrupción en el Estado. Para esto era necesario investigar y llevar ante los tribunales de justicia a cualesquieras personas que resultaran involucradas en estos actos ilícitos. Este era mandato expreso de la Ley Orgánica de la Procuraduría (Ley 411) y compromiso público del Presidente de la República. En esta labor quedaba claro que no había —ni hay— garantía alguna, excepto que: 1.- Una vez iniciado este combate no habría marcha atrás. 2.- Que las amenazas e incomprensiones iban a sobrar. Por eso un acuerdo interno en la PGR era indispensable. Un acuerdo que, pensando en Nicaragua, resistiera toda suerte de embestidas y adversidades.
Este año ha sido exigente, abarrotado de denuncias y evidencias de corrupción que han obligado a priorizar los casos de mayor envergadura. Por eso es importante saber que quedan asuntos pendientes. Pues aunque casos emblemáticos ya enfrentan la justicia, la corrupción ha sido amplia y erradicarla implica una labor permanente en diferentes frentes. Si el propósito es vencer la aberrante concepción del Estado-botín, entonces queda mucho por hacer.
Sin embargo, parecen escucharse extrañas voces que claman por “doblar la página” y “fortalecer la economía”, como si combatir la corrupción y fortalecer la economía fueran antagónicos. En mi opinión van de la mano, no se contradicen sino que se complementan. El sentido común indica que menos corrupción es igual a mayores garantías para las inversiones. Y si algún “inversionista” dijera que rescatar la honestidad en la gestión pública afecta sus negocios..., francamente estamos peor de lo que creíamos.
Por lo pronto, la PGR está sanamente satisfecha por su actuación y cómo ésta realmente ha sido posible. A pesar de las adversidades enfrentadas y de lo que algunos —por quién sabe cuáles motivaciones— puedan ahora decir.
* El autor es vocero de la PGR.
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