Juez archiva caso Alemán-Aguado
 | Dice que Leonel Teller no tiene facultad para denunciar el fraude que ocasionó pérdidas al Estado que superan los 700 millones de córdobas |
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Mirna Velásquez Sevilla
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En una clara violación a la Constitución Política de Nicaragua, la juez suplente del Juzgado Quinto de Distrito del Crimen de Managua, Margarita Romero Silva, ordenó archivar la denuncia por fraude y otros contra el ex Presidente Arnoldo Alemán Lacayo y Martín Aguado, ex titular del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
La juez Romero Silva justificó su decisión a través de un escrito en el cual expresa que el denunciante Leonel Téller Sánchez, no tiene facultades para interponer la denuncia por los supuestos delitos de fraude, asociación ilícita para delinquir y otros en perjuicio de la administración pública, cuya pérdida al Estado es de 725 millones de córdobas.
“Rechácese la misma (denuncia) por cuanto el denunciante no tiene facultades para interponerla, la que es privativa de la Procuraduría General de la República (PGR), presunto perjudicado en representación del Estado”, cita el escrito del expediente que ya se encuentra en el área de archivo de ese Juzgado.
El artículo 52 de la Constitución Política textualmente dice “que los ciudadanos tienen derecho a hacer peticiones, denunciar anomalías, hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva a los Poderes del Estado o cualquier autoridad (...)”. Sin embargo, con la decisión de archivar el caso, la judicial consideró que el órgano competente para promover la denuncia es la PGR.
La juez propietaria Ángela Dávila, dijo avalar la decisión de Romero, por considerarla correcta, misma que está basada en la Ley Orgánica de la PGR, relativo a las funciones de esa institución estatal, la cual manda defender al Estado cuando éste es perjudicado y a promover la acción penal.
Contrario a lo anterior, la Juez Tercero de Distrito del Crimen, Flavia Solís, quien también recibió denuncia interpuesta por Teller en contra del diputado liberal Marco Aurelio Sánchez, por supuesto delito de fraude en perjuicio del Estado, previo a cualquier trámite solicitó su desafuero ante la Asamblea Nacional.
Desde el 28 de noviembre del año recién pasado, existe una solicitud para el desafuero del diputado Sánchez y también ex director de Servicios Aduaneros, sin embargo, el Parlamento aún no ha resuelto. 
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