LUNES 22 DE DICIEMBRE DEL 2003 / EDICION No. 23,310 / ACTUALIZADA 02:30 am





EL HUMOR DE




Con la unión se hace la fuerza

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Humberto Cuadra

A inicios del presente mes hubo una reunión política entre el Partido Conservador (PC), la Gran Unidad Liberal (GUL) y el Partido Social Cristiano (PSC), para analizar la actual situación política del país. Uno de los acuerdos alcanzados fue el de impulsar la iniciativa del PC de reformar la Ley Electoral. Para ello se decidió invitar a otros partidos políticos y a varias organizaciones de la sociedad civil para que se sumaran al esfuerzo, se analizaran las diversas opiniones al respecto y se unificaran las distintas propuestas existentes. El proyecto de ley resultante sería presentado ante el Poder Ejecutivo, la opinión pública del país y los diputados a la Asamblea Nacional.

La doctora Rosa Marina Zelaya, ex presidenta del Consejo Supremo Electoral, fue seleccionada para servir de enlace entre las distintas organizaciones y ser la moderadora en las reuniones. El martes 26 de diciembre, en un hotel capitalino y con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer, se celebró un primer taller con la participación de cinco partidos políticos y 13 organizaciones de la sociedad civil. Asistieron al evento los partidos políticos: Partido Conservador (PC), Gran Alianza Liberal (GUL), Partido Social Cristiano (PSC), Movimiento de Unidad Nacional (MUN) y Partido Alternativa Cristiana (PAC); y las organizaciones de la sociedad civil: Ética y Transparencia, IPADE, Conciencia Nacional, Coordinadora Civil, CONPES, Consejo de Opinión, CENIDH, Ciudadanos por las Reformas del Estado, Grupo de Reflexión, Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, Red Nicaragüense de Comercio Comunitario, Secretaría de la Juventud y Movilización Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo. No faltó ningún invitado.

Quiero destacar la importancia de ese evento. No es usual que los representantes de 18 organizaciones de distinta naturaleza y de variados espectros políticos, se reúnan para impulsar un proyecto político común. Si bien es cierto que hasta el momento estas fuerzas no disponen de la palanca parlamentaria para lograr su propósito, sin embargo cuentan con el apoyo del 78.8 por ciento de los nicaragüenses que desean realizar la reforma; tal y como lo señaló la encuesta de M&R del mes pasado.

Si fue posible que en el año 1856 las fuerzas políticas nicaragüenses hicieran a un lado sus diferencias políticas, y juntas lucharan contra William Walker y sus filibusteros para evitar ser sometidos a la esclavitud, ¿por qué no puede ser posible ahora que se unan la mayoría del pueblo y diversas fuerzas políticas y civiles de Nicaragua para lograr esta reforma electoral y liberarse, de una vez por todas, de su “secuestro político”? Si en aquel entonces el ejército nacional —que contaba con el apoyo centroamericano— pudo vencer a los invasores en una batalla desigual, ¿por qué no ahora, en una adversidad similar podría derrotarse a aquéllos que se pudieran oponer a reformas de la ley cuando se cuenta con el respaldo de la mayoría del pueblo y con la simpatía de la comunidad internacional? Así como los héroes nacionales de antaño lograron sus propósitos de lucha, no dudo que, en esta ocasión las mayorías lograrán imponer su voluntad. Soy de los que piensa que “aquél que persevera alcanza” y que “la unión hace la fuerza”.

Dice la Carta Magna que ninguna minoría de personas, sea ésta representante del pueblo o no, puede apoderarse del poder de la nación porque, en última instancia, pertenece a la mayoría del pueblo. Ninguna ley ordinaria o grupo de personas puede oponerse al mandato de la Constitución Política de Nicaragua que expresa claramente en su artículo 2 que “…El poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes…” y que “… También podrá ejercerlo de manera directa por medio del referéndum y del plebiscito…” Estas figuras electorales constitucionales le permiten a la mayoría del pueblo imponer su voluntad cuando se trata de decidir sobre los intereses fundamentales de la nación. Es inaceptable que pudiera negársele al pueblo su derecho de ejercer el poder político por la vía directa. Pienso que es deseable, en este caso, que los cuestionados representantes puedan visualizar esta realidad; no querrán verse en la embarazosa situación de tener que reconocer a sus verdaderos jefes cuando ya sea demasiado tarde.

El autor es Secretario de Asuntos Electorales del Partido Conservador
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