Por la víspera se saca el día
Lo que le ocurrió el viernes recién pasado al reportero Stalin Vladimir, de 100% Noticias TV, y a un camarógrafo del mismo medio —quienes fueron agredidos por un dirigente del FSLN y otras personas que celebraban una reunión en un hotel capitalino—, fue una “buena” demostración de lo que podría volver a sufrir el periodismo independiente en el caso de que los sandinistas volvieran a tomar todo el poder político.
En realidad, el argumento de un prominente miembro del Frente Sandinista —que además es inmune—, de que se trataba de una reunión privada, no justifica de ninguna manera la agresión contra los reporteros.
En primer lugar no puede ser privada ninguna reunión en un centro público de diputados a la Asamblea Nacional, magistrados y jueces, o sea empleados públicos cuyos sueldos y otros privilegios son pagados por el Estado y finaciados por la gente que trabaja y contribuye al Fisco.
El derecho a la privacidad es una norma universal de derechos humanos que está protegido, además, por la Constitución Política de la República de Nicaragua, la cual establece en su artículo 26, inciso 1: “Toda persona tiene derecho a su vida privada y a la de su familia”. De manera que nadie, ni los periodistas, pueden incursionar en la vida privada de las personas sin que haya un motivo que lo justifique. Sin embargo, cuando alguien se involucra de manera voluntaria o involuntaria en la vida política, inclusive en cualquier suceso de carácter público, pierde el derecho a la privacidad.
En el caso específico de los políticos éstos llevan y deben llevar siempre una vida expuesta al público. Inclusive aspectos de su existencia privada, de su comportamiento, de la forma en que gastan dinero, sus relaciones personales, etc., son de interés público y deben ser dados a conocer por los medios de comunicación social siempre que esto sea posible.
Ciertamente, en este caso se puede decir que la persona que no quiere que nada de su vida y asuntos privados sea conocido por el público, debería abstenerse de participar en la política y con mucha mayor razón ser funcionario del Estado, que lo hace empleado y sujeto de control de todos los ciudadanos de la República.
Pero aún en el caso de que uno o varios funcionarios públicos consideren que una reunión social o política en la que ellos participan no es de incumbencia de la sociedad, y por lo tanto los periodistas no deben tener acceso a ella, no se justifica la agresión ni el uso de la fuerza bruta en cualquier forma para impedir la entrada al periodista y reprimirlo.
En realidad, en este caso el problema no radica en el derecho a la privacidad, pues ningún periodista se entromete jamás en nada de lo que hace el ciudadano común y corriente, pero sí tiene obligación de averiguar lo que hace el funcionario público inclusive en su residencia, la que por lo general fue adquirida con recursos económicos del Estado y se usa con frecuencia como centro de reunión políticas. La verdad es que quienes agredieron a los periodistas el viernes pasado no querían que el público supiese lo que estaban tramando entre copa y copa para “resolver” la crisis política que hay en el Poder Judicial, creada precisamente por ellos.
Como sea, lo más importante de todo esto es que la agresión de prominentes dirigentes y miembros del FSLN, el viernes de la semana pasada, contra los periodistas de 100% Noticias TV, demostró cómo sería el tratamiento que un nuevo gobierno del Frente Sandinista daría a la prensa independiente.
Algo que por cierto no puede asombrar a nadie, puesto que de sobra se conoce que durante el gobierno sandinista de 1979 a 1990 se suprimió la libertad de expresión, se censuró a los medios de comunicación social y se reprimió despiadadamente a los periodistas libres e independientes.
Y nada indica, sino todo lo contrario —a juzgar por hechos como la agresión del viernes pasado—, que no volvería a pasar lo mismo en el caso de que el FSLN regresara a tener el poder total.
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