Juristas descartan posible posposición de elecciones
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Ningún escenario legal es posible, explican |
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Alberto Saborío.
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María José Uriarte R.
mariajose.uriarte@laprensa.com.ni
La posposición de las elecciones municipales es un tema que algunos sectores no consideran del todo cerrado, incluso, en los últimos días se ha reforzado el rumor de que los partidos podrían aprovechar algunas disposiciones legales para acogerse a ellas para lograr posponer las elecciones.
Uno de los escenarios que se plantea es que la Asamblea Nacional convoque de manera extraordinaria a sesión plenaria y se someta el dictamen que preparó una comisión especial, presidida por el diputado Orlando Tardencilla, y el segundo es que se pospongan de hecho por resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE), argumentando poco presupuesto para el desarrollo de las elecciones e incapacidad para garantizar el desarrollo de los comicios.
Sin embargo, estos argumentos son desestimados por analistas jurídicos, con la salvedad que están conscientes que en nuestro país, los partidos políticos que tienen en sus manos las instituciones pueden impulsar cualquier cambio, aunque no se apegue a la ley.
La ex presidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, estima que ninguno de los escenarios es factible, dijo que aunque se lograra posponer las elecciones mediante algún mecanismo, lo que la Asamblea Nacional no puede hacer, al menos en este momento es alargar los períodos de los alcaldes.
SESIÓN EXTRAORDINARIA, POSIBLE, PERO TEMERARIA
La Asamblea Nacional cerró la labor parlamentaria del 2003 este quince de diciembre y convocaron para el próximo 9 de enero, donde se procederá a la elección de la nueva junta directiva.
Agregó que la Constitución establece claramente en el artículo 178, inciso 4 que el período de las autoridades municipales será de cuatro años, contados a partir de la toma de posesión del cargo ante el Poder Electoral.
Zelaya considera que si hay un acuerdo entre las principales fuerzas políticas es posible que aprueben esas reformas, pero no tendría un efecto jurídico.
“El sistema democrático se vería violentado y sería realmente un golpe muy duro para la democracia, para Nicaragua y para los nicaragüenses, porque esto estaría totalmente fuera de los cauces de la democracia”, advirtió Zelaya.
Por su parte, el analista Alberto Saborío dijo que dentro del juego político, es una posibilidad que se convoque de manera extraordinaria para reformar la Carta Magna en la primera legislatura y en la segunda ratificarla, pero la solución de anular las elecciones municipales provocaría un desmantelamiento del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática del Estado.
“Y no sólo eso, sino de la gobernabilidad, porque eso generaría muchas situaciones complejas porque los alcaldes tienen muchas atribuciones que quién las va a asumir”, expresó Saborío.
EL ESCENARIO DE HECHO
El otro escenario que se podría presentar es posponer de hecho las elecciones municipales, basándose en el artículo 4 de la Ley Electoral, segundo párrafo, que plantea que el CSE podrá modificar o reformar el calendario electoral por causas de caso fortuito o fuerza mayor, en consulta con las organizaciones políticas.
A este respecto, el analista Cairo Manuel López es del criterio que pueden reformarse los calendarios electorales, y en este caso el CSE tiene esa disposición; con la salvedad que exista la consulta necesaria a los partidos políticos, destacando que estos partidos son el FSLN y el PLC, con todo lo que esto significa en la vida política del país.
Aunque no descarta que otro escenario que pueden intentar impulsar, es invitar a los otros partidos políticos que tienen personería jurídica, pero que no tienen representación parlamentaria con la cual podrían llegar a ciertos acuerdos, pero esa vía para posponer las elecciones no sería válida.
“Aquí estaríamos en la presencia de funcionarios de hecho, cuyo período ya no podría prorrogarse; y aquí es donde yo podría jugar con una interpretación: su período sería inconstitucional, pero el funcionario de hecho que es una teoría en la que ellos podrían refugiarse actúa siempre y cuando exista reconocimiento de parte de la ciudadanía”, explicó.
“Si no existe ese reconocimiento y la aceptación por parte de la ciudadanía tendríamos un CSE ejerciendo de hecho una función, pero violando la Constitución Política”, observó López.
Para Saborío, el calendario electoral es el tiempo y el espacio que se fija para unas elecciones ya convocadas, y eso es lo que se puede modificar, pero no los períodos por el cual fueron electos las autoridades, que en este caso son los alcaldes.
Define un escenario de ese tipo como una manera de introducir un caos jurídico en el país, e institucional a la vez, porque entonces ya no habría estabilidad en las instituciones, ya que cualquier ley ordinaria podría cambiar la Constitución directamente.
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