Se dice con toda razón que el funcionamiento del Poder Judicial es como un termómetro que mide la sanidad de una sociedad democrática, en cualquier parte del mundo, pues la convivencia pacífica, la confianza para firmar contratos, promover negocios e invertir, dependen fundamentalmente de cuán confiables sean los jueces y magistrados que imparten la justicia.

Eso significa que, independientemente de que siempre hay y habrá problemas en la justicia humana, como retardación de la misma y fallos equivocados, lo esencial es que se aplique y respete el principio de la independencia judicial. Ésta es la garantía de una correcta administración de justicia y actúa como una vacuna jurídica y ética para evitar que las influencias y los intereses económicos extraños distorsionen y degraden la función judicial, y para que las personas y la sociedad puedan confiar en ésta.

Pero en Nicaragua la administración de justicia ha sido casi siempre envilecida por la política partidista y la venalidad. En tiempos del somocismo, después de la primera etapa en que la justicia estaba descaradamente subordinada al dictador Somoza García, se volvió confiable sobre todo para dirimir el tuyo y el mío y dar a cada quien lo suyo, que es su función primordial. Pero en el ámbito político por lo general los jueces de esa época fallaban inexorablemente contra toda persona opositora a la dictadura, y hasta hubo un judicial que por eso era denominado “el juez verdugo”.

Bajo el régimen sandinista empeoró la situación de la justicia que fue subordinada en términos absolutos al FSLN. La acción judicial más importante era la de los Tribunales Populares Antisomocistas (TPA), que al margen del derecho y la justicia condenaban por venganza y ajuste de cuentas —inclusive personales— a todo desdichado al que acusaban de somocista.

Luego, con el advenimiento de la democracia en 1990 se tuvo la esperanza de que por fin habría justicia en Nicaragua. Pero muchos de los antiguos jueces de los TPA, así como oficiales de los órganos de represión y tortura del Ministerio del Interior y del Ejército Sandinista, fueron convertidos en jueces y magistrados de la nueva jurisdicción democrática; y bastantes de los nuevos funcionarios judiciales “democráticos” se corrompieron en el ejercicio de sus funciones, o ya eran corruptos cuando fueron nombrados precisamente por sus compromisos políticos con el partido o con el caudillo.

De manera que la consecuencia inevitable de todo eso es el desastre en que se encuentra ahora el Poder Judicial, en primer lugar la Corte Suprema de Justicia. Al respecto en nuestra edición de ayer volvimos a informar que “desde el 24 de octubre (los magistrados de la Corte Suprema de Justicia) no han elegido a sus autoridades de presidente y vicepresidente; miembros de las cuatro salas (Civil, Penal, Constitucional y Contencioso Administrativo), comisiones especiales y además la selección de ocho magistrados de los tribunales de apelaciones de Managua, Granada y Masaya”.

Por esa razón la magistrada de tendencia sandinista, Alba Luz Ramos, ex presidenta de la Corte, declaró la semana pasada que si los magistrados de ese alto tribunal continúan negándose a cumplir sus deberes el pueblo tendrá que sacarlos de esa institución. Y este lunes reiteró: “El pueblo tiene la palabra, que diga el pueblo qué es lo que va a pasar aquí”.

Realmente es inaudito e intolerable lo que está ocurriendo en la Corte Suprema, la que está obligada a dar ejemplo de respeto a la ley pero por la politiquería de la mayor parte de los magistrados está violando el orden legal. Y según la magistrada Ramos “la culpa de la crisis que mantiene paralizado al Poder Judicial es de los magistrados liberales que supuestamente no quieren negociar la integración de magistrados si no permiten la libertad del ex presidente Arnoldo Alemán”.

Pero no sólo los magistrados liberales se han colocado al margen de la ley, sino también los sandinistas. Y lamentablemente sólo la Asamblea Nacional puede destituirlos, o sea los mismos diputados que los nombraron precisamente por lo que son. De manera que tiene razón la magistrada Alba Luz Ramos al decir que debe ser el pueblo el que los destituya. El problema es cómo se les podría expulsar del templo de la justicia.

La justicia al margen de la ley