Identifican a violadores de derechos humanos en la RAAN
 |
|
 |
Los jueces, delegación regional del Trabajo, empresas madereras y el Concejo de Rosita son señalados en 2003 |
|
|
Cedehca capacitó a niñas y adolescentes de la RAAN en temas sobre defensa de los derechos de los menores.
|
|
Heberto Jarquín M.
CORRESPONSAL/TRIÁNGULO MINERO
departamentos@laprensa.com.ni
El paro total en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), en protesta por el colapso y abandono de las carreteras; la crisis provocada por la caída de una avioneta con drogas en la comunidad de Wasla; el desalojo de campesinos de la Reserva bioforestal de Bosawás y los casos de brujería e histeria colectiva que se produjeron en Raití, fueron los asuntos más relevantes que atendió durante este año el Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos de la Costa Atlántica (Cedehca), en la RAAN.
Sin embargo, la coordinadora de Cedehca en la RAAN, Debby Hodgson Balladares, informó que la situación de los derechos humanos ha mejorado sustancialmente con relación a años anteriores, cuando la región y particularmente el Triángulo Minero, fueron sacudidos por conflictos bélicos que favorecían la proliferación de abusos y arbitrariedades que cometían, tanto las autoridades como los irregulares en perjuicio de la población campesina.
“Muestra de esta mejoría es que en el 2002 atendimos más de 600 denuncias de violación a los derechos humanos en los cuatro municipios donde tenemos presencia (Puerto Cabezas, Waspam, Siuna y Rosita), y este año se redujeron a 591 casos”, explicó Hodgson.
REPROBADOS
“En la evaluación anual realizada la semana pasada, encontramos que las instituciones que más incurrieron en la violación de los derechos humanos de la población de la RAAN son los jueces Locales y de Distrito, de quienes se queja la población por la retardación de justicia y por parcialidad a favor de entidades y personas influyentes o poderosas que se involucran en causas judiciales”.
“También es señalada la delegación departamental del Ministerio del Trabajo porque siempre se inclina al lado de los empleadores cuando los obreros reclaman sus derechos”, indicó Hodgson.
Otras instituciones cuestionadas por el organismo de derechos humanos de la Costa Atlántica, son el Ministerio de Transporte e Infraestructura que fue señalado por 31 trabajadores a quienes les tiene retenido hasta 10 salarios, y la empresa productora de láminas de Plywood, PRADA S.A. a quien le reclaman su liquidación nueve obreros que renunciaron recientemente por inconformidad con las condiciones laborales, informó.
Igualmente señaló que varias empresas madereras se niegan a pagar la mensualidad a sus empleados.
“Un caso sin precedentes tiene como protagonista al Concejo Municipal de Rosita, que este año ha sido denunciado por distintos sectores sociales que lo califican como corrupto y vendido a intereses de empresas en detrimento de los intereses de la comuna”, señaló la coordinadora de Cedehca en este municipio, Paula Rugama Navarrete.
La activista de los derechos humanos añadió que los pequeños comerciantes y transportistas de Rosita también se quejan del Concejo Municipal porque les ha impuesto una pesada carga tributaria, mientras se portan condescendientes e indulgentes con grandes empresas establecidas en el municipio.
“Además, no se han preocupado por la retardación en la entrega del salario mensual a los trabajadores de la Alcaldía y en la transferencia de las cotizaciones al Seguro Social”, dijo.
Hodgson reconoció que en este año que está por concluir, disminuyeron radicalmente, las denuncias en contra de la Policía y el Ejército, dos entidades que junto a los jueces, ocupaban los primeros lugares en los años anteriores.
Hodgson agregó que a un gremio que ya no soportan los ciudadanos es a los abogados, porque cobran demasiado para la prestación de sus servicios profesionales en un lugar donde impera la extrema pobreza.
La juez Local Único de Rosita, Ivania Wilson McCoy, dijo que los promotores de derechos humanos no deben apasionarse demasiado cuando tienen un caso y que tienen que ser objetivos cuando hacen señalamientos.
GESTIONES
Debby Hodgson informó que durante este año Cedehca brindó 355 asesorías legales en toda la Región Autónoma del Atlántico Norte. “También recurrimos ante la Corte Suprema de Justicia para expresar nuestra preocupación por la partidarización del aparato judicial en el Caribe y pedimos que se investigue la actuación de los jueces, especialmente en Rosita”.
“Para el próximo año buscaremos el respaldo de organismos cooperantes para promover la creación de un bufete de abogados populares para que defiendan a los ciudadanos de bajos recursos económicos”, explicó Hodgson.
Con relación a este planteamiento, Benita Cabrera, del organismo cooperante británico conocido como Oxfam, dijo que desde hace más de siete años han apoyado la promoción de derechos humanos en la RAAN y que estudiarán la posibilidad de apoyar esta iniciativa del bufete popular.
|
