Representantes del Gobierno de la República aseguraron que ahora sí van a procurar que se aplique la ley como es debido a los activistas estudiantiles que la semana pasada protagonizaron actos de violencia y secuestraron y destruyeron un vehículo de propiedad pública, en Managua, durante las manifestaciones de protesta por la aprobación del Presupuesto que no incluyó los casi cien millones de dólares adicionales que ellos exigían para las universidades financiadas por el Estado.

No es la primera vez que las autoridades aseguran que pondrán en el lugar que les corresponde —en la cárcel— a los culpables de la violencia callejera y la destrucción de la propiedad. Lo mismo han venido diciendo desde 1990, cuando el FSLN comenzó a montar asonadas y otros actos de violencia para “gobernar desde abajo” y mantener al país en zozobra, a fin de torpedear el restablecimiento de la economía e impedir que la gente honrada trabaje normalmente y produzca la riqueza que necesita el país para salir de la ruina que la revolución sandinista le dejó como herencia nefasta.

Sin embargo las autoridades siempre terminan cediendo ante los militantes de la violencia, con el pretexto de que en aras de la gobernabilidad “hay que dialogar y comprar estabilidad al precio que sea”; y se someten al poder de Daniel Ortega y compañía que mantienen a la sociedad como rehén de sus designios políticos.

Al respecto es sorprendente la capacidad de manipulación que sigue teniendo Daniel Ortega —o la “ingenuidad” de quienes se dejan manipular—, sobre todo su habilidad para hacerse propaganda gratuita en los medios de comunicación. Así lo volvió a demostrar la semana pasada, cuando primero envió desde Libia un mensaje a sus seguidores convocándolos a protestar en las calles contra la aprobación del Presupuesto; y después se lavó la cara ante la ciudadanía por la destrucción que causaron sus seguidores, para lo cual hizo publicar otra información haciéndose aparecer como un beatífico empresario que había ido a Trípoli a reunirse con inversionistas brasileños para convencerlos de que vengan a Nicaragua a invertir sus capitales.

Ayer Ortega volvió a “conmover” a la opinión pública con la denuncia de que Bolaños quiere unirse al PLC para controlar la Asamblea Nacional y poner en libertad a Arnoldo Alemán; a pesar de que todo mundo sabe que fue una juez sandinista quien excarceló a Alemán sin duda que para facilitar el repacto que permitiría al FSLN conservar —reforzado— el control sobre el Poder Judicial; luego condenó a Alemán porque éste no garantizó a Ortega todo lo que quería; y ahora la sentencia está en un tribunal de Apelaciones de mayoría sandinista, que podrá anularlo si los caudillos se ponen de acuerdo en el repacto, o ratificarlo si vuelven a fracasar en el intento.

Por otro lado, también la semana pasada el periodista argentino Andrés Oppenheimer publicó en algunos periódicos latinoamericanos un artículo en el que recordó que “el Banco Mundial estimó en 1998 que el ingreso per cápita de América Latina podría ser un 25 por ciento más alto si las tasas de criminalidad de la región fueran similares a las del promedio del resto del mundo. Y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó en 1997 que el crimen violento le cuesta a la región un 14 por ciento de su producto bruto anual”.

Es obvio que Oppenheimer se refería a la violencia común, no a la violencia “social” y política que practican grupos extremistas como los del FSLN. Pero esta violencia es tan dañina como la otra, y aunque no haya estudios sobre esto sin duda que son inmensos los daños económicos que causan los seguidores de Daniel Ortega cuando paralizan la Zona Franca Industrial de Las Mercedes, sabotean las operaciones comerciales en Metrocentro y sus alrededores, impiden la circulación a decenas de miles de personas que van a sus centros y objetivos de trabajo, y ahuyentan las inversiones privadas nacionales y extranjeras.

Por cierto que los empresarios y demás personas que son perjudicadas de una u otra manera por esa violencia callejera, deberían demandar judicialmente al Consejo Nacional de Universidades (CNU), y exigir que éste los indemnice apropiadamente por los cuantiosos daños materiales y los graves perjuicios morales que les causa la violencia universitaria.

Incontables daños y perjuicios