Diputados olvidan a los consumidores
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No discutieron veto a Ley de Industria Eléctrica, ni ampliaron plazo para evitar cobro de energía no registrada |
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Ruth Selma Herrera.
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Moisés Martínez
moises.moises@lprensa.com..ni
Las decenas de extensos discursos a favor de los consumidores pronunciados por los diputados el pasado 25 de junio cuando la distribuidora eléctrica Unión Fenosa fue interpelada en la Asamblea Nacional se esfumaron de las memorias y agendas de los parlamentarios, quienes al final se fueron de vacaciones navideñas sin dejar el resuelto el veto del Ejecutivo a las reformas a la Ley de Industria Eléctrica.
Según Ruth Selma Herrera, coordinadora de la Red Nacional de Defensa al Consumidor, los diputados priorizaron la agenda política con sus pactos y negociaciones y dejaron a un lado los intereses ciudadanos.
“Se están burlando del tema de la energía eléctrica, después de que todos se montaron sobre éste para hacer politiquerías y quedar como los grandes defensores de los derechos de los consumidores para luego pasarles la factura”, mencionó Herrera.
Ayer los diputados tuvieron su última sesión de trabajo parlamentario y sólo regresarán el lunes a próximo para una protocolaria sesión de cierre del año legislativo.
PRONTO HABRÁ COBRO DE ENERGÍA NO REGISTRADA
Según Herrera, la resolución sobre el veto del presidente Enrique Bolaños debía decidirse en este mes de diciembre, porque es cuando finaliza el período de suspensión del cobro de la energía no registrada establecido por la Asamblea Nacional a Fenosa.
“Es que ni siquiera pusieron en agenda la discusión del veto. Dejaron postergados la discusión del veto para el próximo año. Por lo menos se hubieran interesado en una ampliación de tiempo para no cobrar la energía no registrada de unos tres meses y así dar chance a la discusión del veto. Ese fue el regalo navideño de los diputados”, agregó.
El 30 de julio, el presidente Bolaños anunció el veto total a todas las reformas a la Ley de Industria Eléctrica alegando que su aplicación tendría incidencias negativas, “ya que algunas de sus disposiciones no concuerdan con la realidad socioeconómica y administrativa que vive actualmente Nicaragua”.
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