Ciudadanía reprueba a diputados, CSE y Corte
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Encuesta señala que no responden a interés de la población |
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Juan José Lacayo
juanjose.lacayo@laprensa.com.ni
Los poderes Legislativo, Electoral y Judicial son seriamente cuestionados por la ciudadanía, que considera que los diputados y magistrados, responden más a sus intereses particulares, partidarios o de sectores dominantes, que a los intereses de la población, según refleja la última encuesta de M&R.
En una escala de “muy bueno” a “pésimo”, la mayoría de 1,600 entrevistados asigna la calificación de “regular” y “malo” el desempeño de los diputados de la Asamblea Nacional y apenas un 9.4 por ciento lo califica de “bueno” y “muy bueno”. El 26.8 por ciento considera que la labor de los legisladores es “mala” o “pésima”, el 60 por ciento estima que es regular y un 3.8 dijo que no sabe o no responde la pregunta.
La calificación que los encuestados asignan a los diputados pareciera que tiene como principal fuente la percepción de que éstos legislan por cualquier interés menos por el de la ciudadanía, tomando en cuenta que solamente el 3.6 por ciento expresa que las leyes que aprueban son para beneficiar a los ciudadanos, en contraste con el 96.4 que afirma que legislan por intereses partidarios, personales o para beneficio de ricos y poderosos. El 79.7 por ciento dice que legislan por intereses partidarios, el 11.3 por intereses económicos y 3.7 señala que “por todo, menos por la ciudadanía”.
PERCEPCIÓN GENERALIZADA
La percepción de que los diputados no legislan por el beneficio del pueblo es generalizada y trasciende las simpatías políticas de los entrevistados, según los encuestadores, ya que independientemente de que pertenezcan al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Partido Liberal Constitucionalista (PLC) u otro partido, todos coinciden en lo mismo.
DEMANDAN DESTITUIR A MAGISTRADOS
Entre los simpatizantes del PLC, el 77.9 por ciento afirma que responden a intereses partidarios o personales, el 11.9 al interés económico, y el 4.7 señala que los diputados legislan por cualquier interés menos por el de la ciudadanía.
Mientras tanto, entre los partidarios sandinistas, el 83.7 dice que efectivamente responden a un interés político, el 8.8 lo atribuye a intereses económicos o de los ricos y el 3.1 señala que no están respondiendo a la ciudadanía.
Los magistrados del Poder Electoral tampoco escapan a esa percepción negativa que tiene la población de su labor. Aunque un 58 por ciento califica de “regular” el trabajo que desarrollan los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), el 21.3 lo juzga entre “malo” y “pésimo”.
De acuerdo a los datos de la encuesta el 90 por ciento de los entrevistados manifiestan que la actuación de los magistrados está en función de intereses personales, partidarios, de los ricos o de los poderosos.
Esa misma percepción parece motivar a un 80.4 por ciento a demandar de que el CSE funcione eficientemente y que para ello es necesario que destituyan a todos los magistrados actuales y nombrar en su lugar a personas capaces y sin tener consideraciones partidarias, destaca la encuesta.
PODER JUDICIAL PARTIDIZADO
Igualmente la ciudadanía tiene la percepción de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no responden tampoco al interés de la ciudadanía. El 69.4 por ciento expresa que las autoridades de ese Poder atiende a intereses partidarios o personales, el 14.9 a económicos y el 3.7 por ciento atribuye su actuación en función de cualquier otra motivación, menos la que demanda la población.
No obstante, un 58.6 por ciento califica el trabajo de los magistrados de la CSJ de “regular”, el 18.6 de “bueno a muy bueno” y el 20.8 de “malo a pésimo”.
La mayoría de los entrevistados manifiestan también de que en Nicaragua la justicia no funciona. El 69.1 por ciento así lo considera y el 27.8 por ciento opina lo contrario.
El 4.8 por ciento dice que el sistema judicial nicaragüense funciona adecuadamente, el 36.1 sugiere que para que funcione debe ser despartidizado, el 34.1 opina que la ciudadanía debe exigir que haya justicia y el 23.6 señala que se debe atacar con firmeza la corrupción que, según la población, existe en el sistema judicial.
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