El efecto inmediato más importante que tuvo la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas (ONU) en París, Francia, el 10 de diciembre de 1948, fue que convirtió a todas las personas del mundo en sujetos de derecho internacional.

En realidad, esa Declaración Universal que la ONU proclamó hace hoy 55 años, no creó los derechos humanos. Éstos ya existían y existen desde que el primer hombre apareció sobre la Tierra. Y en todas las épocas, aún en las más remotas, las diversas sociedades humanas han tenido sus correspondientes conceptos de justicia, equidad, dignidad y respeto al prójimo. Pero la Declaración Universal determinó jurídicamente la idea exacta de la dignidad de cada persona por su misma condición humana, y el deber de protegerla y defenderla ante todos los poderes que por cualquier motivo la atropellen o quieran vulnerarla.

Tampoco la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el primer documento de repercusión internacional en el que se reconocieron los derechos humanos y su carácter sacrosanto. Sin embargo, sólo después de su proclamación el respeto a los derechos humanos se convirtió en un postulado fundamental, inclusive vinculante, de las políticas públicas interiores, y además modificó la interpretación de preceptos fundamentales de Derecho Internacional que parecían inmutables; como, por ejemplo, el principio de no injerencia –que todavía invocan quienes cometen barbaridades contra sus gobernados– que pasó a ser un derecho relativo cuando se trata de denunciar y detener graves violaciones a los derechos humanos.

El primer documento en el que los derechos humanos fueron reivindicados de manera sistemática fue el Segundo Tratado de Gobierno, del filósofo inglés del siglo XVII, John Locke, publicado en 1688 en el marco de una revolución democrática que destronó al despótico rey Jaime II.

El segundo de esos memorables documentos fue la Declaración de Derechos de Virginia, aprobada en la ciudad de Wiliamsburg después de una larga reunión de patriotas que se celebró allí durante mayo y junio de 1776, en la que fueron sentadas las bases filosóficas y políticas del gobierno libre y soberano que sustituyó el dominio colonial británico en las colonias norteamericanas.

El tercero fue la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, aprobada por la Convención de la Revolución Francesa el 2 de octubre de 1789, que sirvió de base a todas las constituciones democráticas de los Estados y tratados de derechos humanos, desde entonces hasta nuestros días.

En diciembre de 1948, cuando se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos de la que Nicaragua fue signatario, aquí prácticamente nadie sabía ni se preocupaba de eso. El Presidente de Nicaragua era un médico llamado Víctor Manuel Román y Reyes, considerado como un títere del general Anastasio Somoza García, quien como jefe de la Guardia Nacional imponía su voluntad con mano de hierro. La oposición democrática –en la que ni siquiera se conocía la expresión “derechos humanos”– estaba diezmada por la represión somocista y la única política de entonces era la que buscaba un “pacto de conciliación nacional” entre el sector conservador colaboracionista y el dictador Somoza García.

Ni siquiera cuando se adoptó la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), el 22 de noviembre de 1969, en la que también el gobierno de Nicaragua presidido por el general Anastasio Somoza Debayle estampó su firma de adhesión, se hablaba en el país de derechos humanos.

A decir verdad, fue hasta en 1977, cuando el gobierno de Estados Unidos hizo de la promoción y defensa de los derechos humanos la base de su política exterior y creó en el Departamento de Estado una oficina especial para monitorearlos y velar por ellos, que la oposición democrática de Nicaragua levantó esa bandera. Se organizó entonces la Comisión Permanente Pro Derechos Humanos (CPPDH) y se inició un intenso proceso de denuncia de sus violaciones y de lucha por su respeto, que desembocó en la suspensión del respaldo de Estados Unidos al régimen somocista y, posteriormente, en su derrocamiento por una insurrección popular que organizó y capitalizó el FSLN.

Pero el Frente Sandinista impuso otro régimen autoritario, izquierdista, que violó los derechos humanos de los nicaragüenses en forma mucho más despiadada que el somocismo.

Derechos de todos