La defensa del ex presidente Arnoldo Alemán impugna el fallo de la juez sandinista Juana Méndez –que lo condenó a veinte años de presidio por los delitos de corrupción de que lo acusó el Gobierno–, pues dice que es un proceso político y, por lo tanto, injusto.

Por supuesto que se trata de un proceso político. Alemán es un prominente líder político y, además, los delitos por los que fue condenado en primera instancia no los perpetró como cualquier asaltante de camino, ni como quien escaló casa ajena o sustrajo ilícitamente dinero de un banco, sino que en ejercicio del poder político que el pueblo le confió y él deshonró.

Es cierto que la jueza Méndez es política sandinista, como es la mayoría de jueces en Nicaragua. Pero también son políticos –liberales arnoldistas– los jueces y magistrados que integran la otra parte del Poder Judicial, con honrosas excepciones. Esa perversión de la justicia por la política es la que exige reformar el Poder Judicial, y hacerlo independiente nombrando jueces y magistrados por su capacidad jurídica, competencia profesional y honestidad personal, no por afiliaciones ni influencias políticas.

En un Estado de Derecho la justicia debe igualar a todas las personas, pero no en el sentido económico porque siempre hubo y habrá quienes tengan más recursos que otras y por lo tanto mejor posibilidad de defenderse; sino en cuanto a que cada quien debe ser juzgado y condenado o absuelto porque las pruebas o falta de ellas así lo aconsejan, no por pertenecer a una facción política o estamento social.

Los caciques políticos de Nicaragua –y sus favoritos y seguidores– no pueden entender que en una sociedad democrática la justicia debe ser confiable para los ciudadanos, porque de ella depende la seguridad individual y pública, así como la estabilidad jurídica que es indispensable para los negocios. Y por eso es que los jueces deben ser independientes, ecuánimes e íntegros, y rendir cuentas periódicamente de sus actos y sus peculios.

Estamos claros de que es política la sentencia de la juez sandinista Juana Méndez que le dio su merecido a Arnoldo Alemán. Como también hubiese sido político el fallo si en vez de condenarlo lo hubiera absuelto, como absolvió a Byron Jerez a pesar de todas las pruebas de complicidad que ella misma reconoció. E igualmente Arnoldo Alemán habría recibido un fallo político si lo hubiera juzgado un juez liberal.

Inclusive, el fallo político de la juez sandinista Méndez dejó abierta la posibilidad de que un tribunal de segunda instancia anule lo actuado por ella, o que revoque o modifique la sentencia si Arnoldo Alemán se sometiera a las condiciones de Daniel Ortega y decidieran resucitar el repacto. La verdad es que también en este caso todas las opciones están abiertas, como dijera el presidente Enrique Bolaños en relación con sus propias posibilidades gubernamentales.

A pesar de todo –inclusive de que si hubiese verdadera justicia en Nicaragua, Ortega debió haber sido procesado y condenado antes, por los innumerables y diversos abusos de poder que cometió durante el régimen sandinista–, lo importante es que por primera vez en la historia nacional se condena por corrupto a un ex gobernante.

Una regla elemental de la lucha anticorrupción indica que se debe comenzar por enjuiciar y castigar a los personajes más poderosos, que por eso mismo siempre han evadido la acción de la justicia. Ciertamente, en los últimos quince años, catorce ex presidentes latinoamericanos desfilaron ante los tribunales o huyeron de sus países por cargos de corrupción: Juan Carlos Wasmosy, Raúl Cubas y González Macchi, de Paraguay; Carlos Andrés Pérez, de Venezuela; Carlos Menem, de Argentina; Collor de Mello, de Brasil; Alberto Fujimori y Alan García, de Perú; Abdalá Bucarán y Jamil Mahuad, del Ecuador; Ernesto Samper, de Colombia; Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, de México. Pero sólo Arnoldo Alemán, en Nicaragua, ha sido condenado a presidio.

Lo mejor hubiese sido que a Alemán lo hubiera sentenciado un juez independiente y probo y que Jerez también hubiese sido condenado; y que a Ortega desde hace tiempo le hubiera caído el peso de la justicia. Pero por algo se debe comenzar, y la sentencia contra Alemán es un buen comienzo.

Juicio y sentencia políticos