Nada personal
Lo moderno aún espera
Douglas Carcache
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Al final, los dictadores son iguales. Que si son de derecha o si son de izquierda, como se les definía antes, es irrelevante. Son dictadores por la sencilla razón de que pretenden imponer la autoridad personal sobre la autoridad institucional.
Por eso el sandinista Daniel Ortega y el liberal Arnoldo Alemán se juntaron una vez más la semana pasada y tratan de acabar con la poca democracia de Nicaragua.
En algún momento Alemán acusó a Ortega de “piñatero” por haberse apropiado de bienes del Estado, al dejar el poder en 1990; y después Ortega acusó a Alemán de corrupto y saqueador por abusar también de los bienes públicos durante su administración, entre 1997 y 2002. Sin embargo, ya han hecho dos pactos.
El problema para los nicaragüenses es que el país tiene menos posibilidades de superar el atraso económico, si los dictadores interfieren en la administración pública, porque éstos sitúan sus intereses personales sobre los derechos ciudadanos.
El gobierno de Enrique Bolaños elaboró un Plan Nacional de Desarrollo, previendo que a Nicaragua le condonarían el 80 por ciento de la deuda externa y con estos recursos aumentaría, a partir del 2004, las inversiones públicas. Pero ese plan puede ser aniquilado por los caudillos Ortega y Alemán, que se disponen a cambiar leyes y reformar el presupuesto estatal.
Días antes que trascendiera el nuevo pacto entre Ortega y Alemán, el asesor presidencial Mario De Franco comentó en un foro sobre el Plan Nacional de Desarrollo que el sistema judicial nicaragüense era víctima de “verdaderas mafias”, con dependencias partidistas y personales.
Lo dijo mientras explicaba que la economía de mercado necesita la garantía del cumplimiento de contratos, la confiabilidad del sistema financiero y el derecho de propiedad, para que los inversionistas vengan al país sin temor.
Aunque en Nicaragua se habla diario de globalización, en el país persiste una sociedad tradicional que, según el politólogo Arturo Cruz, se caracteriza “por la autoridad personal” y le ha impedido entrar a la modernidad en que “la autoridad es institucional y se expresa en el Estado de Derecho”.
En 1979, cuando el dictador Anastasio Somoza fue derrocado por la sublevación de los nicaragüenses, se creyó que la democracia empezaría a germinar en el país, pero el nuevo régimen sandinista derivó en otra dictadura y hasta en 1990 llegó la democratización, primero con el establecimiento de la libertad de expresión.
Lo malo fue que Daniel Ortega siguió “mandando desde abajo”, dedicándose a sabotear la construcción institucional y a crear grupos de poder, como las cooperativas de transportistas, para presionar a los gobiernos civiles con paros y disturbios.
Arnoldo Alemán, acusado de múltiples fraudes contra el Estado, pactó con Ortega y juntos aprobaron leyes para repartirse los cargos en los poderes del Estado. Hace una semana ese pacto fue reforzado y ahora tienen acorralado al gobierno de Bolaños, mandando ellos desde la calle y desde la “cárcel”, como las mafias, porque juntos cuentan con 80 diputados fieles.
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