Especial
Endeudamiento voraz
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La Ley General de Deuda Pública aprobada la semana pasada por unanimidad por el Parlamento, prevé regular el proceso de endeudamiento público para asegurar que las necesidades financieras del Gobierno y sus obligaciones de pago sean honradas al menor costo y riesgo posible. Los organismos financieros internacionales quieren asegurarse que con la condonación a mediados de diciembre del 80 por ciento de la deuda externa, Nicaragua no vaya nuevamente a endeudarse a los actuales niveles |
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Mario José Moncada
mario.moncada@laprensa.com.ni
Por primera vez en su historia, Nicaragua tiene una ley que pretende acabar con el frenesí de endeudamiento externo e interno y los abusos que, en ese sentido se han cometido, en palabras de representantes del Ejecutivo y del Legislativo, y que tienen al país con una deuda total de 7,842 millones de dólares, es decir, un equivalente al valor de las exportaciones nacionales de 13 años.
La gravedad del riesgo que el país ha adquirido al contraer préstamos tanto con organismos financieros internacionales como con otros países, es tal, que entre 1975 y 1990 la deuda externa se incrementó en casi 22 por ciento al pasar de 493 millones a 10,700 millones de dólares, según un balance de la Universidad de los Trabajadores de América Latina con sede en Venezuela, en un análisis sobre la deuda externa de la región.
En 1996 la deuda externa nica se ubicó en torno a los 6,000 millones de dólares, luego que durante la administración de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro se lograra una considerable condonación, pero hoy nuevamente ha subido a 6,342 millones de dólares.
Entre tanto, la deuda interna del país ronda los 1,500 millones de dólares, alimentada sobre todo por la emisión de Bonos de Pago de Indemnización (BPI) para honrar a los confiscados durante el régimen sandinista; pero que se disparó entre 1999 y el 2001 tras la crisis bancaria, cuando el Estado tuvo que emitir Certificados Negociables de Inversión, los llamados Cenis bancarios, para mitigar el impacto de la crisis que significó pérdidas por el orden de los 500 millones de dólares.
MÁS PODER AL LEGISLATIVO
Además de ser uno de los requerimientos para alcanzar en diciembre el punto de culminación de la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), con lo cual se espera una condonación del 80 por ciento de la deuda externa de 6,342 millones de dólares al 31 de agosto pasado, según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN), la Ley de Endeudamiento Público dará mayor poder al Legislativo para manejar los niveles de deuda que el país puede contraer, que deben estar en concordancia con el Presupuesto General de la República.
A juicio del diputado sandinista miembro de la Comisión Económica del Parlamento, Wálmaro Gutiérrez, la ley regula el proceso de endeudamiento, garantiza las necesidades de financiamiento del país y revisa los márgenes de riesgo máximo prudente que deben tomarse en cuenta a la hora de “enjaranar” al país tanto con los acreedores externos como internos.
Según el parlamentario, hasta ahora existe “un triunvirato” integrado por el Presidente de la República, el ministro de Hacienda y el presidente del BCN, quienes tienen la potestad exclusiva de “decidir hasta en cuánto y bajo qué términos se endeuda tanto externa como internamente Nicaragua”.
Sin embargo, esto cambiará en cuanto la ley de 93 artículos entre en vigencia, luego que sea sancionada por el presidente Enrique Bolaños y publicada en el diario oficial La Gaceta.
El ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre, recordó en términos escuetos que efectivamente por estos mecanismos legales, “todos los préstamos que hayan ingresado al país antes de la aprobación de la ley no serán afectados, porque ninguna ley es retroactiva”.
EN MANOS DE COMITÉ
La ley da un giro de 180 grados al contemplar la creación de un Comité Técnico de Deuda, que actuará como órgano de consulta y asesoría de Hacienda, con la función principal de formular y revisar periódicamente la propuesta de una estrategia nacional de deuda y una política de endeudamiento.
Ambas deben estar en línea con el presupuesto, porque como señaló Gutiérrez, al final quien determina los techos a pagar tanto de deuda interna como externa, es el Parlamento a través de ese presupuesto.
Dicho comité estará integrado por el viceministro de Hacienda; el gerente general del BCN; el viceministro de Fomento, Industria y Comercio; el secretario de Relaciones Económicas y Cooperación de la Cancillería, el director del Sistema Nacional de Inversión Pública; sin olvidar al director de Análisis y Seguimiento al Gasto Público de la Asamblea Nacional, cuya inclusión fue propuesta por los parlamentarios.
CÍRCULO VICIOSO
El economista, Néstor Avendaño, señaló que Nicaragua se ha venido endeudando primero para suplir el déficit en el presupuesto, pues el país no produce por sí mismo los suficientes recursos para financiar el gasto público; pero también ha caído en un “círculo vicioso” del cual no logra salir, porque según enfatizó, la deuda externa ha venido creciendo para, precisamente, pagar deuda externa.
Por ejemplo, actualmente Nicaragua requiere de 115 millones de dólares sólo para pagar los intereses de la deuda externa, de los cuales más de 80 millones son obtenidos en calidad de préstamos.
Si se logra la condonación del 80 por ciento de la deuda externa, ésta quedaría con un salto posiblemente de entre 1,500 a 2,000 millones de dólares, lo que significa que se requerirán menos recursos para pagar los intereses.
Avendaño dijo que si ello ocurre, aún así se necesitarán 85 millones de dólares para cumplir con ese compromiso, de los cuales 60 millones tendrán que conseguirse en préstamos.
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