Durante la reciente celebración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, se conoció que según estudio del Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC), en conjunto con la Universidad Centroamericana (UCA), la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y la Federación de Organizaciones por la Rehabilitación en la Integración (Fenocori), el 12.5 por ciento de los nicaragüenses sufre una u otra discapacidad. Lo cual significa que si la población de Nicaragua es de 5.2 millones, unos 650 mil nicaragüenses padecen cualquier forma de discapacidad.

Durante la celebración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, organizada por Fenocori, se demandó al Gobierno el cumplimiento de la Ley 202 (Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad), del 21 de septiembre de 1995, que establece el derecho de las personas con discapacidad a la educación y a la igualdad de oportunidades laborales. Y demandaron también los discapacitados la formación del Consejo Nacional de Rehabilitación (establecido en la Ley 202) y su sustentación presupuestaria.

En realidad, dicha Ley contiene una larga lista de compromisos del Estado, la sociedad y la empresa privada con respecto a los discapacitados, que en algunos casos no se cumplen por omisión o negligencia, pero también porque no hay capacidad material para cumplirlos.

Según el artículo 13 de la Ley 202, todos los empleadores deben acondicionar los locales con equipos de trabajo para permitir el empleo a discapacitados, que “gozará de los mismos derechos y tendrá las mismas obligaciones establecidas para el resto de trabajadores”; además, toda empresa estatal, privada o mixta, deberá contratar por lo menos a una persona discapacitada, con proporción de cincuenta a una; debe establecer empleo protegido para quienes por discapacidad no puedan ser competitivos; las salas de cine, instalaciones deportivas, recreativas, culturales y turísticas deben adecuarse para las personas con discapacidad; los mensajes gubernamentales deben ser acompañados por intérpretes para sordos y mudos, etc.

Vale la pena subrayar que ahora hay una amplia conciencia y reconocimiento social de los derechos de los discapacitados, quienes, salvo excepciones muy particulares, ya no son vistos por la sociedad como sujetos de compasión sino como seres humanos con derechos y obligaciones igual que todos los demás. Por el contrario, en relación con las personas con discapacidad cada vez más se lucha por hacer realidad el postulado fundamental de que todos los seres humanos son iguales en libertad, en dignidad, en derechos y en deberes.

La verdad es que desde siempre hubo individuos e instituciones que se preocuparon por los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el gran escritor inglés Charles Dickens (Oliverio Twist, Historia en dos ciudades, y otras), escribió en 1842 sobre cuanto le impresionó durante su visita a Boston, EE.UU., el Perkins Institution dedicado a la educación de discapacitados. “Me senté frente a una niña, ciega, sorda y muda y me emocionó la forma y facilidad con que se comunicó conmigo”, anotó el eximio escritor británico.

Pero eso que en tiempos de Dickens era emocionante por lo singular, es ahora común en todas partes del mundo, inclusive en Nicaragua, donde a pesar de las grandes limitaciones éticas y materiales a los discapacitados ya no se les mira como sujetos de compasión, ni se les margina —en términos generales—, sino que se les considera como ciudadanos con iguales virtudes y defectos, derechos y deberes que los demás nicaragüenses.

Quedó como grabada en mármol la historia emocionante de Helen Keller, la sorda y ciega norteamericana que entró en 1900 al Colegio Radcliffe, la institución educativa femenina de la Universidad de Harvard, como la primera estudiante con discapacidad en una institución de educación superior, de la que egresó con el título de Licenciada en Artes en 1904.

Ahora son muy pocos los que se empeñan en sostener el falaz e inhumano criterio de que unas personas son menos iguales que otras, y que quienes no son “normales” o podrían venir al mundo con alguna “anormalidad” deben ser eliminados y/o abortados. Por muy pobre materialmente que sea nuestra sociedad, en ella hay lugar para todos y nadie es superior a los demás, pues quien así lo cree es también un discapacitado, moral.

Discapacidades físicas y éticas