La ocupación —“pacífica” o violenta, para el caso es lo mismo— de fincas privadas, por parte de personas que alegan tener derecho a hacerlo porque son ex combatientes de la Contra o del Ejército sandinista, transmite un mensaje muy negativo a la sociedad, a los inversionistas nacionales y extranjeros y a la comunidad internacional; y tan nefasto como el de los diputados quienes por sus intereses politiqueros no eligen a los magistrados para integrar la Corte Suprema de Justicia.

La usurpación de fincas privadas —o estatales— es la continuación de una peligrosa conducta social mucho más peligrosa que la pobreza que supuestamente la causa la cultura del delito justificada con necesidades y reivindicaciones sociales.

Esta cultura del delito ha sustituido entre mucha gente a la filosofía y el hábito del trabajo, que en realidad es lo único que hace grande a una nación, la mejor manera de producir riqueza y crear excedentes para hacer posible que la gente viva en bienestar y con dignidad.

Ciertamente, desde que una revolución popular pacífica y electoral puso fin al régimen cuasi totalitario sandinista, y por consecuencia se terminó la guerra civil del FSLN y los contras, la piñata y la repartición de tierras ajenas que se hizo para premiar a los antiguos combatientes y para persuadirlos a que se desmovilizaran y desarmaran, creó la mentalidad de que el aprovechamiento de lo que no es propio, la usurpación de propiedades, la toma de tierras rurales y urbanas, los tranques en las carreteras, las “protestas” en el centro gubernamental de Managua, etc., producen más beneficios que el fatigoso, digno y honrado trabajo para ganarse un salario o para crecer socialmente.

Para tales personas, como los geófagos armados cuyo oficio es andar buscando fincas para tomárselas, apropiárselas, venderlas y luego buscar cómo “ocupar” otras propiedades ajenas, la dádiva gubernamental o la usurpación ha sustituido al trabajo honrado y creador. Y lo peor es que semejante mentalidad y actividad es apoyada por políticos prominentes que promueven supuestamente la “igualdad social” con el absurdo criterio de que la satisfacción de las necesidades de unos debe ser sufragada con el fruto del trabajo de los demás.

Pero la expresión “fincas o tierras tomadas” es sólo un eufemismo para encubrir la usurpación de la propiedad, un delito que oficialmente pareciera ser visto con simpatía, o al menos con benevolencia, o quizás con temor. Pero esta geofagia es verdaderamente grave pues provoca una gran inseguridad en la propiedad privada, restringe los derechos y la libertad de la gente honrada y trabajadora, dificulta la producción y el comercio y ahuyenta a los inversionistas privados —nacionales y extranjeros—, causando profundos daños económicos y sociales, nacionales y personales.

El presidente Enrique Bolaños dice (LA PRENSA, lunes 28 de abril de 2003) que tiene identificados a “unos directores, cuyos nombres me los omito, que andan en el negocio de la toma de tierra. Echan a la gente, la cogen ellos, se hacen millonarios y vuelven a echar a la gente y luego la venden (la tierra)”. ¿Y por qué oculta el presidente Bolaños esos nombres? ¿Por qué no procede el Gobierno contra esas personas que cometen delitos tipificados en la ley penal?

Todos los nicaragüenses —y los gobernantes ante todo— tenemos que entender que una república democrática se construye no sólo con elecciones libres, pluralismo de opiniones, libertad de organización y acuerdos políticos, sino también con seguridad jurídica, gobernabilidad y convivencia ordenada y pacífica. Para que la nación y la gente puedan progresar es imperiosamente necesario que unos respeten el derecho de los otros, incluyendo el derecho de propiedad.

En realidad, si los nicaragüenses no mostramos ante el mundo y ante nosotros mismos que somos una nación de personas con madurez para acordar políticas de Estado básicas que aseguren la gobernabilidad, y capaces de mantenerlas y de hacerlas respetar, no vamos a merecer el respeto de la comunidad internacional y terminaremos todos por no respetarnos a nosotros mismos.

Por eso es apremiante que las autoridades pongan fin a las usurpaciones, que devuelvan las propiedades quitadas a sus dueños legítimos y que castiguen la geofagia de manera ejemplar para poner fin a esa conducta delictiva encubierta con la necesidad social.  

Los devoradores de fincas