Una nación que no es capaz de integrar su Corte Suprema de Justicia ni mantener el normal funcionamiento del Poder Judicial, no merece la confianza de los ciudadanos ni de la comunidad internacional, ya sea para invertir y arriesgar capitales o para favorecerlo con programas de cooperación.

La administración de justicia —de la que la Corte Suprema es su máxima autoridad— tiene que ser percibida como instancia protectora de los derechos y de castigo a los delincuentes; de garantía al respeto y cumplimiento de los contratos; y de seguridad jurídica en las transacciones y en el derecho de propiedad privada.

Pero tal como se encuentra el Poder Judicial en la actualidad no es confianza ni seguridad lo que inspira. En efecto, aparte de los graves problemas de corrupción que han sido denunciados públicamente, la Corte Suprema de Justicia está desintegrada porque sólo tiene 11 magistrados —pues la Asamblea Nacional, por los pleitos de los diputados, no ha podido elegir a los cinco que faltan—mientras que la Constitución (artículo 163) señala categóricamente que (la Corte) “estará integrada por dieciséis magistrados electos por la Asamblea Nacional, por un período de cinco años”.

Y lo peor es que en el próximo septiembre dejarán el cargo otros cuatro magistrados, de manera que si a más tardar en agosto no se llenan las vacantes en la Corte, se crearía un vacío absoluto de poder judicial.

Hasta ahora la Corte ha funcionado “normalmente” a pesar de la falta de cinco de sus miembros, porque los magistrados interpretan y aplican a su manera la Constitución y particularmente la Ley Orgánica de Tribunales, en la que se dice que el quórum del supremo tribunal se establece con nueve magistrados. Además los magistrados promovieron una reforma para funcionar inclusive como Corte Plena con el quórum de nueve, a pesar de lo que dice imperativamente el artículo 163 constitucional de que la Corte estará integrada por todos los 16 magistrados. Y como las interpretaciones y decisiones de los magistrados son inapelables, nadie los puede impugnar legalmente.

Sin embargo, al faltar próximamente otros cuatro magistrados sumarían nueve las vacantes, y quedarían únicamente siete, de manera que éstos ya no podrían alegar que la Corte tendría derecho a seguir funcionando.

Ante este sombrío panorama de vacío en la Corte y paralización de todo el Poder Judicial, lo único que ha motivado un poco a los diputados a tratar de buscar cómo elegir a los cinco magistrados que faltan y prepararse para nombrar a los otros cuatro que faltarán dentro de cuatro meses, ha sido el interés en el asunto que demostraron la semana pasada algunos representantes de los países donantes. ¡Qué vergüenza!

En realidad, es vergonzoso que después de 13 años de transición del totalitarismo al sistema democrático de gobierno algunas instituciones todavía estén secuestradas por políticos africanizados —de izquierda y derecha—, que se aprovechan del Estado como de un botín y ejercen los poderes públicos según sus conveniencias particulares, no de conformidad con los intereses nacionales como manda la Constitución.

Y es más penoso todavía que los diputados pretendan resolver el problema con un acuerdo perverso en el que los liberales arnoldistas “darían” la mayor parte de los nuevos magistrados al FSLN, a cambio de que éste facilite la excarcelación del ex presidente Arnoldo Alemán —quien guarda prisión domiciliar bajo severos cargos de corrupción—, mediante una reforma a la ley sobre lavado de dinero y algunas interpretaciones torcidas y politiqueras a la ley penal.

Sin duda que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República no tienen culpa —directamente— de esta vergonzosa y deplorable situación. Pero la verdad es que el presidente Enrique Bolaños tuvo la oportunidad —y no quiso aprovecharla— de sacar de la Asamblea Nacional a todos esos diputados corruptos, cuando Arnoldo Alemán se atrincheró en el Parlamento y paralizó la institucionalidad del país. En aquel momento el presidente Bolaños pudo disolver de hecho la Asamblea Nacional y convocar de inmediato a elección parlamentaria, con un procedimiento que garantizara a los ciudadanos poder elegir como nuevos parlamentarios a personas capaces y honestas.

Pero ahora es tarde y no vale llorar sobre la leche derramada.  

El vacío en la Corte Suprema de Justicia