Diputados estaban fichados
Ary Neil Pantoja y
Elizabeth Romero
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En allanamientos simultáneos a las empresas Servicios de Información en Línea de Nicaragua (Silnica) y Targa Rent a Car, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional incautaron los bancos de datos de nicaragüenses que esas empresas comercializan nacional e internacionalmente.
Números de teléfonos celulares, de cuentas bancarias, de tarjetas de crédito, de pasaportes, y hasta registros de propiedades de diputados y funcionarios del actual gobierno figuran en el banco de datos secuestrado judicialmente de las oficinas de Silnica, cuyos socios son costarricenses.
En la empresa Targa Rent a Car, la Fiscalía ocupó un disco compacto con el padrón electoral de los años 2001 y 2002.
Silnica, dedicada a la comercialización de datos de los nicaragüenses, fue allanada ayer por orden judicial, y, según la fiscal auxiliar de Managua, Kruchesca Durán Cruz, en el banco de datos encontraron varios números de teléfonos celulares del presidente de la República Enrique Bolaños Geyer.
Con el auxilio policial, la fiscal Durán requisó las unidades centrales de las computadoras en que Silnica guarda datos confidenciales de miles de nicaragüenses que, en algunos casos, incluyen registros de propiedades y familiares más cercanos, entre otros.
El secuestro judicial incluyó documentos relacionados con la comercialización de datos personales y libros de actas que también fueron trasladados a la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía, para ser analizados.
“Nos llevamos todos los documentos que nos indiquen de dónde están sacando la información de cada uno de los ciudadanos”, dijo la fiscal auxiliar.
Durán añadió que se desconoce la forma en que esta empresa tica obtuvo información “tan confidencial” de diputados y funcionarios gubernamentales, sobre todo los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y registros de propiedades. Otros ciudadanos también figuran en el banco de datos de Silnica.
En algunos casos, las autoridades también encontraron números de pasaportes y antecedentes judiciales –que incluye la cantidad de juicios–, de varios ciudadanos y que, por motivo de la investigación, mantendrán en secreto.
La fiscal dijo que cualquier persona o gobierno de cualquier país del mundo podía tener acceso a esa información con sólo pagar por el servicio.
LOS BORRARON
Durán señaló que en algunos casos los datos de las computadoras estaban borrados y sólo encontraron las carpetas señalando lo que debería haber en ellas. “Nos llevamos los CPU para determinar por qué están borradas las carpetas que contenían esos datos”, reiteró Durán.
Los socios de la empresa Silnica, Emilio Mora y Francisco López, ambos de nacionalidad costarricense, abandonaron ayer el país, pero las autoridades trataban de localizar a Jorge Caldera Castillo, de nacionalidad nicaragüense, presunto socio de los ticos. Mora es el gerente general.
El representante legal de Silnica, Álvaro Ramírez, negó que la empresa tenga información confidencial, asegurando que sólo ofrece información que es pública y aparece en Internet.
Según Ramírez, el escándalo originado por el tráfico ilegal de datos de los nicaragüense tiene ribetes comerciales y es “la competencia” la interesada en sacar del mercado a ciertas empresas. “Espero que con la vara con que hoy nos miden, midan a las demás empresas que operan en el país desde hace 10 años”, comentó.
PADRÓN EN TARGA
En la empresa Targa Rent a Car, ubicada en las inmediaciones del Diario Oficial La Gaceta, por órdenes del Juez Cuarto de Distrito del Crimen de Managua, la Fiscalía ocupó un disco compacto con información del padrón electoral de los años 2001 y 2002, confirmó la fiscal auxiliar Suhey Mercedes Fúnez Narváez.
En un escritorio, la Policía encontró un arma de fuego que, según el propietario del local, Ricardo Targa, sólo tiene un valor sentimental por ser de colección.
Fúnez aseguró que Targa Rent a Car vendía la información de ciudadanos nicaragüenses, obtenida “vía instituciones públicas”, a la empresa Infor.net, la que luego la vendía a otros usuarios.
El abogado de Targa, Oscar Danilo Barreto Terán, alegó que fue el mismo Consejo Supremo Electoral (CSE) el que entregó el padrón electoral a los partidos políticos.
Targa sostuvo que en las pasadas elecciones él actuó como fiscal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
La Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) citará a todas las personas que puedan aportar datos, sobre la forma en que estas empresas obtenían este tipo de información.
El jefe de la DIC, comisionado Julio González, dijo que “vamos a investigar y vamos a solicitar a todas las instituciones que pudieran haber tenido este tipo de información, a ver si hay o no hay alguna complicidad”.
“No sospechamos, ni nos atrevemos a mencionar nombres ni instituciones, porque creemos que sería muy ligero”, aseguró el Director General de la Policía, Edwin Cordero.
La información buscada por la DIC es la base de datos del Consejo Supremo Electoral (CSE), números RUC, posiblemente algunos registros de vehículos, teléfonos y otra de carácter judicial.
EMBAJADA NIEGA COMPRA
El encargado de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados unidos, Michael Stevens, negó que esa sede diplomática haya comprado información de los nicaragüenses a través de compañías que presuntamente trafican con datos privados.
“La Embajada de Estados Unidos no ha solicitado datos por Choice Point ni por ningún servicio de ese tipo que vende datos, uno tendría que preguntar a agencias del gobierno dentro de los Estados Unidos si compran datos de varios tipos y bases de datos, pero aquí no”, enfatizó el diplomático.
Stevens dijo desconocer si agencias federales de Estados Unidos han adquirido ese tipo de información. Reconoció que a su gobierno le interesa cualquier información que le ayude a evitar ataques terroristas, como el ocurrido el 11 de septiembre de 2001.
RIZO PIDE SANCIÓN
El Vicepresidente de la Republica, José Rizo, calificó de graves las operaciones de empresas extranjeras como Infor.net, que se dedican al tráfico de datos privados de los nicaragüenses. Pidió llegar a fondo en las investigaciones, para sancionar con todo rigor a los implicados e incluso funcionarios que tuvieron “la osadía” de negociar con esta información.
(Con la colaboración de Arturo Mcfields y Consuelo Sandoval) 
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