Fiscalía secuestra bienes de Infor.net
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A las 8:00 de la noche, un agente sacó el CPU con el banco de datos de las oficinas de Infor.net para trasladarlo a la DIC-Nacional. (LA PRENSA/O. VALENZUELA ) |
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Ary Neil Pantoja aryneil.pantoja@laprensa.com.ni
La fiscal departamental de Managua, María del Carmen Solórzano, ejecutó anoche un allanamiento y secuestro judicial de bienes en las oficinas de la empresa guatemalteca Infor.net en Managua, donde ocupó un archivo con documentos diversos y una computadora que contenía, según la Fiscal, la base de datos de miles de nicaragüenses.
El secuestro judicial ordenado por la juez Octavo de Distrito del Crimen de Managua, Rafaela Urroz, es parte de las investigaciones que el Ministerio Público realiza sobre el tráfico ilegal de datos confidenciales. El archivo y la computadora secuestrados fueron trasladadas a la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional.
Solórzano señaló que tanto la Unidad Central de Procesamiento (CPU por su siglas en inglés) de la computadora, como el archivo con documentos son “evidencias fuertes” que servirán para un posible proceso judicial.
Al momento del allanamiento, en las oficinas de Infor.net no se encontraba ningún empleado de la empresa. Según Solórzano, sólo estaban dos pasantes de Derecho identificadas como Ruth Obando y Yelba Rivera, quienes le informaron que tenían órdenes de su jefe, Byron Moreno, de recibir a las autoridades de la Fiscalía y la Policía cuando se presentaran.
La Fiscal agregó que los datos del CPU y los del archivo central serán analizados por los especialistas de la Policía para determinar qué tipo de registros contienen.
Por su parte, el representante legal de Infor.net, el abogado Gerardo González, dijo que esta empresa es legal, y exhortó a las autoridades a investigar a otras empresas de esta naturaleza que operan en Nicaragua, y cuyos dueños, afirmó, “son personas de la vida política nicaragüense”.
González se negó a identificar los nombres de las empresas que, al igual que Infor.net, se dedican a la “comercialización” de datos, y tampoco quiso identificar a los supuestos políticos dueños de las mismas.
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