Blanco y negro
Hora de “destapes” en el Poder Judicial
Eduardo Enríquez
eduardo.enriquez@laprensa.com.ni
Este país está –y por favor acéptenme la expresión– cada día más al revés. Ahora resulta que los diputados se han metido a dirimir con una ley algo que debió verse en los tribunales de lo Penal.
Me refiero a la Ley de Revalorización de las Casas de la Colonia del Periodista. Según me cuentan los colegas que viven en esa colonia y han tenido que pasar por todas esas vicisitudes, lo que a ellos les hicieron fue una estafa. Una vil y vulgar estafa. Eso, en cualquier país del mundo se resuelve en un Juzgado. Por lo que he visto, ellos tienen pruebas más que suficientes para dejar establecido que les están cobrando más de lo que deben pagar, que –los que van al día– ya han pagado el precio real de su vivienda y, simplemente, no quieren seguir abonando a la estafa.
Eso se dirime en un Juzgado, por lo poco que yo entiendo de Derecho. Sin embargo, ellos optaron por irse a la Asamblea Nacional a que les hicieran una ley específica para su problema. No los culpo. Si vamos a ser realistas, irse a un juicio Civil (después de haber ganado por estafa en la vía Penal) es cosa de nunca acabar. Y eso dando por descontado que se topen con un juez honesto.
Los diputados en cambio, en nueve meses sacaron la ley. Eso, si rechazan el potencial veto del presidente Enrique Bolaños, salvaría a los colegas de la estafa de que fueron víctimas. ¿Pero qué dice de nuestro sistema?
A mí me dice dos cosas: primero, que los diputados aprovecharon la situación para quedar bien con los periodistas y ponerle otra piedrita en el zapato al Gobierno; pero ese ya es un comportamiento normal. Lo otro que pone en evidencia, es la inoperancia del sistema judicial, que ya es de tal magnitud que la ciudadanía tiene que buscar otras vías de solución a sus problemas, porque las establecidas por el Estado no funcionan.
Esto se da mientras la Corte Suprema de Justicia se niega a ver el nivel de inutilidad, además de la corrupción que ha señalado el Procurador en funciones, Francisco Fiallos, y más bien, como los gatos, prefiere tapar la suciedad.
Prueba de ello es que justamente cuando Fiallos dijo que tenía 46 denuncias de ciudadanos contra funcionarios del Poder Judicial, “más de 20 (de ellas) contra el magistrado (Rafael) Solís”, según sus propias palabras, los magistrados cierran filas y en lo que –contraviniendo la Constitución– ellos llaman “Corte Plena”, deciden pedirle al Procurador en funciones que se olvide del problema. Para colmo, ¡Fiallos acepta!
Este no es momento de hacerse de la vista gorda con la ineficiencia y la corrupción que todo mundo sabe que existe en el Poder Judicial; más bien es tiempo de destaparla. Esas 46 quejas que dice Fiallos tener, deben ver la luz. Por lo menos yo no me siento cómodo sabiendo que tengo un “honorable magistrado” que tiene “más de 20 quejas” en su haber. ¿Por qué las quejas? La ciudadanía tiene derecho a saber, el Procurador está obligado a presentarlas y la Corte a conocerlas.
Es hora del “destape” en el Poder Judicial. Veamos si la Magistrada - Presidenta, la doctora Alba Luz Ramos, tiene las agallas para hacerlo, pero que no sea con débiles reprimendas que más parecen componendas, sino con acciones fuertes, y actuando contra la raíz del problema, no la periferia. 
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