EE.UU. reprueba al Poder Judicial
Ary Neil Pantoja
aryneil.pantoja@laprensa.com.ni
La influencia política en las decisiones y sentencias judiciales, así como la corrupción, la retardación de justicia y la falta de presupuesto para lograr un óptimo funcionamiento y aplicación de las leyes, son los males que aquejan al Poder Judicial nicaragüense, según un informe del gobierno de Estados Unidos sobre derechos humanos en Nicaragua.
“Los jueces parecían susceptibles a la corrupción e influencia política. La postergación de casos con trasfondo político o fallos a favor del partido político simpatizante, continuaron siendo las manifestaciones más comunes de corrupción judicial”, dicen parte de las conclusiones del informe norteamericano.
El documento resume el comportamiento del Poder Judicial en materia de derechos humanos durante el año 2002 y refiere como otras debilidades, la retardación de justicia, el hecho de que muchos de los procesados van a juicio sin defensor de oficio y la existencia de “jueces dispuestos a sentenciar a los acusados sin la presencia de un defensor público”.
También reconoce el número de dificultades que enfrenta el Poder Judicial para impartir justicia y elogia los esfuerzos de los funcionarios por corregir los errores y superar los obstáculos, sobre todo por combatir la corrupción institucional interna.
“El sistema judicial (nicaragüense) se vio obstaculizado por códigos arcaicos, por fiscales que desempeñaron un papel pasivo, una defensoría (pública) sin presupuesto ni personal adecuados; jueces y abogados que a menudo carecen de suficiente capacitación o formación. Muchos jueces no tenían experiencia previa (como abogados). Según se dice, las simpatías políticas, la aceptación de sobornos o la influencia de líderes políticos a menudo influían en las acciones judiciales y sentencias”, dice textualmente el informe.
Pese a los señalamientos del gobierno norteamericano, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, dijo que en general el Poder Judicial no está tan mal en el informe y, que todos los funcionarios judiciales hacen sus mejores esfuerzos por mejorar el sistema y abandonar los vicios y anomalías que los aquejan.
En torno a las influencias que señala el informe, Ramos expresó que los jueces y magistrados no sólo reciben influencias políticas. “También reciben influencias de la empresa privada, de los medios de comunicación y hasta de la comunidad internacional”.
La presidenta del Poder Judicial dijo que, en la mayoría de los casos, la percepción de corrupción que hay sobre los funcionarios judiciales viene de personas que no se sienten satisfechas cuando un fallo o sentencia les es adverso.
“Es difícil que el cien por ciento de la población esté contenta con los fallos de los jueces, por cuanto hay una parte que sale ganando y otra que sale perdiendo, y es muy difícil que el que pierde crea que no tenía el derecho”, dijo Ramos.
JUECES EXPULSADOS
Según el informe del gobierno de Estados Unidos, desde que el Poder Judicial puso en práctica una campaña “para reducir la incompetencia y la corrupción”, de 1997 al 2002 se ha expulsado a 105 jueces por diferentes causas.
Pese a los muchos actos anómalos encontrados, dice el informe, en el 2002 apenas hubo un juez destituido.
Cabe recordar que el 2003 despuntó con la destitución de las jueces Flavia Solís Montiel y Vanessa Chévez Juárez, acusadas de anomalías en su actuación judicial; mientras que el juez Sabino Hernández fue sancionado y traslado por haberse reunido con un procesado en Panamá.
Actualmente varios jueces están siendo investigados por la Comisión de Régimen Disciplinario, entre ellos, tres jueces civiles de Managua.
En torno a esto, la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos, dijo que es parte del esfuerzo que hacen por “depurar” el sistema judicial, pero en base a denuncias comprobadas.
RETARDACIÓN CONTINÚA
“Aunque el plazo legal para dictar una sentencia es de seis meses, de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia –en el año 2002–, 560 sospechosos estuvieron detenidos sin juicio por períodos superiores al legal”, señala el informe del gobierno de Estados Unidos. 
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