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SáBADO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 / EDICION No. 22865 / ACTUALIZADA 1:30 am
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Solución política de hecho o de derecho

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Roberto Ferrey Echaverry*

En Nicaragua hay un reacomodo del cuadro político. Me atrevo a adelantar que el 10 de enero del 2003, Nicaragua puede estar enmarcado en un juego político diferente al actual.

En este reacomodo tiene importancia el reflexionar sobre lo ocurrido en la Asamblea Nacional (AN) —nuestro Poder Legislativo— los días 12 y 19 de septiembre corriente.

El Dr. Arnoldo Alemán incurrió en el grave error de cálculo político, al negar la conformación de la Comisión Especial de la AN que iniciaría el proceso legal de desafuero. Las consecuencias ya las conocemos todos y no es del caso reiterarlas.

El día 19 se recurrió a las vías de hecho para darle solución al problema político planteado: el principal responsable de supuestos actos de corrupción en el gobierno Alemán está protegido por un doble fuero de inmunidad. Uno, establecido constitucionalmente a consecuencia del pacto Ortega-Alemán y, el otro, emanado del régimen comunitario creador del Parlamento Centroamericano.

La solución, en mi opinión, desbordó el marco legal que, constitucional y estatutariamente, rige el funcionamiento de nuestro Poder Legislativo. Fundamentalmente se desarrolló un proceso sumarísimo que culminó con la destitución a varios miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional sin conformar la Comisión Especial —única encargada de conocer de la causal de destitución y de permitir la defensa de los cuestionados— que presentaría un dictamen como base para la toma de la decisión final por el Plenario de la Asamblea Nacional. Decisión que —conforme el Arto. 20 del Estatuto de la AN— debe contar con un sesenta por ciento (60 por ciento) de los votos.

Lo ocurrido implica un terremoto político-jurídico. Por ello, creo que es necesario analizar las nuevas condiciones planteadas y estar alertas para poder controlar las consecuencias que puedan devenir (“damage control”, como dicen los políticos norteamericanos).

Quiero referir la valentía evidenciada por la Dra. María Asunción Moreno, quien señaló en LA PRENSA que en el conflicto dela AN se incurrió en “infracciones a la ley de una y otra parte”; planteando así, ante la opinión pública este tema tan delicado para la consolidación de nuestra democracia.

Los hechos referidos deben preocupar a quienes, como yo, hemos venido luchando y reclamando la plena vigencia de un Estado de Derecho en Nicaragua. Los procesos democráticos se consolidan con más democracia, no con menos democracia. Las acciones de hecho, al margen de la ley, pueden ser precedentes peligrosos para nuestro proceso democrático.

Se podría pensar en que una “nueva mayoría” en la AN decida, en el mes de julio del 2003, que la Junta Directiva recién electa en enero ya no sirva a “los altos intereses de la nación” o a la “institucionalidad democrática” y se “auto convocan” y destituyen y sustituyen lo que fue legítimamente electo unos meses antes. Esta clase de concepciones —resolver problemas de “seguridad nacional”, por ejemplo— dieron lugar a épocas negras de la historia latinoamericana.

La Dra. Moreno expresa optimismo al no descartar una “reconsideración” de lo ocurrido y un reencauzar los hechos por cauces legales que nos lleven a los mismos resultados, pero dentro del marco constitucional. Yo creo hay recursos legales que pueden funcionar, pero que el tiempo, a tres meses plazo, puede hacer aparecer como insubstancial.

Asimismo hay que tomar en cuenta la opinión del Secretario General de la OEA, quien —al reafirmar su apoyo al presidente Bolaños— es enfático al afirmar que todo ello es: “siempre dentro del marco de la Constitución de su país”. Separándose así el señor Gaviria de cualquier apariencia de apoyo a acciones fácticas, no de acuerdo al marco legal nicaragüense.

Creo es válido recordar que en los Estados Unidos nunca se recurrió a acciones de hecho para atrapar al, entonces, enemigo público número uno: Al Capone. Siempre buscaron dónde Capone infringía la ley para actuar legalmente contra él.

La tesis del hecho consumado no corresponde a la tabla de valores democráticos que sustentan un auténtico Estado de Derecho. En todo caso y retomando el tema de la recomposición política, en enero del 2003 puede darse ese reacomodo, el que podría imaginar con un partido liberal reconstituido; una Convergencia Nacional evidenciando que tiene su propio contenido y personalidad; un sandinismo Nueva Era y una posible nueva opción política capaz de ofrecer una vía clara hacia la estabilidad, el desarrollo económico y la institucionalización de nuestra democracia.

Comprometiéndonos todos en promover los valores democráticos y en abrir espacios para la expresión de los diversos intereses de la ciudadanía nicaragüense.

* El autor es jurista.  
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