Comisión investiga a magistrados del CSE
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 | Deben presentarse el lunes ante comisión parlamentaria que
investiga su desafuero |
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Augusto Valle. |
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William Briones Loáisiga
william.briones@laprensa.com.ni
Los siete magistrados en pleno del Consejo Supremo Electoral (CSE) podrían perder su inmunidad y ser enjuiciados criminalmente en caso de que una comisión especial del Parlamento, que investiga solicitudes de desafuero formuladas por particulares, encuentre mérito para ello.
Los magistrados propietarios Roberto Rivas, Emmett Lang, Silvio Américo Calderón, José Luis Villavicencio, Mauricio Montealegre, Jorge Incer Barquero y José Miguel Córdova, así como la suplente Marisol Castillo, fueron citados para concurrir el lunes de la próxima semana ante esa comisión para que expongan sus consideraciones ante solicitudes para ser desaforados.
“A partir del lunes, empezamos el período para escuchar a los magistrados, contra quienes hay solicitudes de desafuero por parte de particulares, como lo establece la Ley de Inmunidad”, dijo el diputado Augusto Valle, presidente de esa comisión especial.
Explicó que tienen que analizar dos quejas: una del Partido Conservador (PC) contra los siete magistrados y una segunda de los concejales liberales en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) contra los tres magistrados propietarios y una suplente que provienen del Frente Sandinista.
Explicó que la comisión determinó que la queja interpuesta contra el Procurador General de la República (PGR) en funciones, Francisco Fiallos, fue mal presentada, “porque de acuerdo al artículo cinco de la Ley de Inmunidad, la queja debe ser interpuesta ante el Presidente de la República, para que el mandatario la analice y después la traslade a la (primera) secretaría, por lo cual le devolvimos la queja”, explicó.
Agregó que el mandato de esa comisión está restringido a las denuncias presentadas durante la actual legislatura, por lo que decidieron rechazar otras que estaban pendientes de años anteriores, entre las que figuran la fiscal Adjunta María Lourdes Bolaños, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Francisco Rosales, el ex contralor Agustín Jarquín Anaya y los diputados sandinistas Nelson Artola y Leonidas Centeno.
“Si la Junta Directiva lo tiene a bien, tendríamos que abrir un nuevo proceso, pero en el mandato que nos dieron solamente figuran los de la nueva legislatura”, explicó.
Víctor Guerrero, diputado del PLC arnoldista y directivo de esa comisión, reconoció que han trabajado apegados a la ley, pero se pronunció porque se investigue a esos funcionarios, eximidos por ahora. “He dejado sentado nuestro desacuerdo. La bancada liberal ha dicho que queremos que todos los casos queden resueltos. Todo se ha hecho apegado a derecho, queremos dejar todo limpio, eso es importante”, aclaró. 
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