Hay que reconsiderar la venta de Enitel
Guillermo Rothschuh Villanueva*
Enitel siempre ha sido una empresa rentable. Cuando hace ocho años planteé su importancia para la vida estratégica de Nicaragua, sólo los funcionarios de gobierno y los representantes de las instituciones financieras internacionales adujeron lo contrario. Nicaragua estaba en la cresta de la ola privatizadora que recorría el mundo sosteniendo que el Estado debía achicarse al infinito. Se argumentó la necesidad de poner freno a los monopolios públicos y se dijo que una sana y alegre competencia sería el resultado inmediato de esta millonaria operación.
Muchos pensaron de manera equivocada que la oposición a la privatización de Enitel, entonces Telcor, obedecía a una férrea defensa del Estado. Pese a demostrar lo contrario fui desoído. Junto con los sindicalistas de Telcor aduje que esta transacción, sazonada al gusto por los sibaritas de las instituciones financieras internacionales, era innecesaria y contraproducente. En ese momento la desregulación ya había sido convertida en norma internacional. Oponerse a este desenfreno equivalía a situarse a contrapelo de los condicionamientos impuestos en los planes de ajuste estructural. Aún así persistí.
Era absurdo suponer que en una época de cambios, cuando las telecomunicaciones constituyen la proa del barco de las transformaciones financieras internacionales, deshacerse de Telcor iba a resultar saludable para las finanzas públicas nacionales. El gobierno no quiso entender que en la denominada sociedad de la información, la nueva base material de las transformaciones económicas, sociales y culturales, tiene en las telecomunicaciones su soporte legítimo.
Desde su origen la privatización de Telcor estuvo viciada. No sólo aludo al hecho de que se trataba de una negociación lesiva para los intereses del país. También se debió a que los legisladores que aprobaron su enajenación, lo hicieron para tratar de aprovechar la venta a favor de sus intereses políticos. No hubo un concepto de patria mucho menos de nación. Una especie de mala conciencia condujo sus actos. El hecho de que Harry Schlaudemann, figura emblemática en la política nacional durante la década del noventa, fuese una de las personas que hizo lobby a favor de la venta de Telcor, puso en jaque a los políticos. Ninguna voz razonable se alzó para impedir su venta. La segunda vez que me invitaron para conocer mis planteamientos en contra de su entrega al mejor postor, ya todo estaba decidido. Los diputados hacían planes de cómo distribuir el dinero obtenido por su venta. Pese a los argumentos presentados no hubo vuelta de página.
La demostración palpable de las utilidades millonarias de Enitel obliga a todos a una nueva reflexión. Las evidencias de las grandes ganancias que genera mes a mes Enitel, necesariamente conducen a una reconsideración de la venta del resto de las acciones de la empresa. En Europa y el resto del mundo ha quedado evidenciado que con la privatización de las telecomunicaciones lo que ha ocurrido a lo sumo ha sido un cambio de manos. Las promesas de un mejoramiento de los servicios no se han dado. Seguimos en las mismas y tal vez peor. Lo interesante es que las evidencias que recorren el mundo oponiéndose a la privatización a ultranza de los servicios públicos cuentan a su favor con la realidad y contundencia de los hechos lo que ha llevado a distintos gobiernos a reconsiderar su enajenación.
Resulta lógico pensar que un gobierno necesitado de recursos económicos constantes y sonantes podría encontrar en Enitel una fuente segura. Pero no sólo eso. Aceptando el concepto dominante de la soberanía restringida, el gobierno debe apuntar en la dirección correcta: pensar en lo inmediato en quedarse con el resto de las acciones. La experiencia actual por lo trágica evita nuevos traspiés. Resguardar para sí el resto de las acciones se convierte en un imperativo de gobierno. A mi juicio una acción de esta envergadura constituye un verdadero test para la gestión de gobierno de Enrique Bolaños. La lucha contra la corrupción tiene grandes méritos, pero también sus límites. Ninguna persona honesta puede estar a favor del robo y el latrocinio. Ninguna persona con sentido de nación puede estar a favor de la venta del resto de Enitel. Veremos si en verdad el gobierno actúa con sentido de patria y de justicia. ¡Todavía tiene tiempo para actuar!
* El autor es Decano de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación, Universidad Centroamericana.
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