El domingo pasado (22 de septiembre) los periodistas sorprendieron al diputado liberal Pedro Joaquín Ríos paseando muy orondo por el aeropuerto internacional de Managua, con una caja de whisky que acababa de adquirir en una de las tiendas de puerto libre. De eso no habría nada que comentar ni criticar si el diputado hubiera estado ingresando al país procedente del extranjero. Las tiendas de puerto libre existen para que quienes viajan puedan adquirir algunos productos libres de impuestos. El caso, sin embargo, es que el diputado Ríos no viajaba ese día sino que, valiéndose de su condición de diputado o de algún “conecte” en el aeropuerto, ingresó al área donde están las tiendas para comprar las botellas de licor sin pagar los impuestos.

El monto de esa evasión es irrelevante. Deben haber sido unas cuantas decenas de córdobas solamente, pero lo que cabe destacar es el hecho de cómo una persona que fue electa para servirle al pueblo, y que es pagada —muy generosamente, dicho sea de paso— con los impuestos que paga la población, abusa de su cargo para beneficiarse a sí mismo evadiendo el pago de impuestos. ¿Podría esperarse que quien está dispuesto a escaparse del pago de unos cuántos córdobas que debe pagar, no lo estará también cuando de montos mayores se trate? Por supuesto que no, pero, independientemente del monto evadido, se trata de un acto de corrupción, y como tal merece ser condenado.

Uno de los pilares sobre los que los países más prósperos de la Tierra han cimentado su desarrollo y prosperidad es el reconocimiento de que todos sus ciudadanos son iguales ante la ley. Esos países hace mucho tiempo que eliminaron efectivamente el arcaico sistema de privilegios. En algunas naciones de las menos desarrolladas, como Nicaragua, también se ha querido hacer, y así está consignado en la legislación nicaragüense. Pero de la teoría a la realidad hay un gran espacio. Aquí todavía se ve como normal que un diputado, o cualquier otro funcionario gubernamental de relevancia, se “aproveche” de su posición para evadir el cumplimiento de la ley. Y esa anormalidad es una gran falla de nuestra cultura política.

También los nicaragüenses tendemos a restarle importancia a un hecho indebido cuando el monto involucrado es pequeño. No sucede así en los países desarrollados. Recordemos cómo hace unos pocos años una ministra de Estado de un país nórdico fue destituida de su cargo cuando se descubrió que había comprado una caja de chocolates con fondos públicos. ¿Exageración? De ninguna manera. Es simplemente el reconocimiento de que nadie está por encima de la ley, y que, por lo tanto, un funcionario como cualquier otro ciudadano debe de ser sancionada cuando la viola.

Es muy probable, además, que en aquellos países la ley se aplique con mucha mayor rigurosidad cuando el implicado en el acto delictivo sea una figura pública, ya que se tiene conciencia de que los actos de quienes ocupan altos cargos en el gobierno tienen un efecto educativo sobre la población. Aunque la acción en sí sea igualmente indebida —al margen de que quien la cometa sea una persona privada o una pública— no se puede negar que la gente espera que aquellos que son pagados con dineros del pueblo no abusen de la confianza depositada en ellos. Cuánto más debería de esperarse en términos de rectitud de aquellos que elaboran las leyes que se deben cumplir los ciudadanos.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, sin embargo, no tiene ni siquiera una comisión de ética como sí la tienen prácticamente todos los cuerpos legislativos de otras naciones. Por esa razón es inútil esperar que la acción del diputado Ríos vaya a ser condenada por el Parlamento. Antes bien, lo más probable es que sea imitada por otros diputados, perpetuándose así la idea errónea de que el funcionario público está por encima de la ley. Y lo que es peor: eso hace que en la mente de los jóvenes vaya tomando forma la creencia de que vale la pena ser funcionario público, mas no para tener la oportunidad de servirle a la patria y al pueblo, sino para conseguir beneficios extraordinarios que los ciudadanos comunes y corrientes no pueden obtener.  

Abuso en ejercicio del cargo público