El recién pasado lunes 23 de septiembre opinamos que los anteriores directivos de la Asamblea Nacional: Wilfredo Navarro, René Herrera, Jamileth Bonilla, Guillermo Osorno y Auxiliadora Alemán, deberían ser acusados por el delito de Desobediencia que cometieron al negarse a cumplir la Ley de Inmunidad y desacatar dos resoluciones judiciales que les ordenaron tramitar el desafuero del ex presidente Arnoldo Alemán. “Ese delito tampoco debe quedar impune y su castigo de acuerdo con la ley y la justicia debe ser un escarmiento para los funcionarios que en el futuro quisieran seguir abusando del poder”, dijimos en el mencionado comentario editorial.

En realidad, si a esos diputados arnoldistas los destituyeron de los cargos que ocupaban en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional porque cometieron delito de Desobediencia, que está tipificado en el artículo 377 del Código Penal y debe ser castigado con inhabilitación absoluta, multa y hasta dos años de cárcel, ¿por qué entonces los nuevos directivos parlamentarios no los acusan ante un juzgado para que respondan ante la justicia?

El Presidente de la República, Enrique Bolaños, en el mensaje que envió a la nación el sábado 21 de septiembre con motivo de los cambios que se produjeron en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y que se publicó en campo pagado de LA PRENSA el mismo lunes de esta semana, aseguró que: “Ya el pueblo juzgó; ya no hay futuro para la corrupción y los corruptos en Nicaragua. Y es en esa tarea en donde las instituciones de justicia y legislativas, demostrarán su responsabilidad en el cumplimiento de su labor y el mandato de la población”.

Sin embargo, los nuevos líderes parlamentarios no parecen tener interés en acusar a sus colegas que cometieron desobediencia y desacato y que apañaron los abusos de Arnoldo Alemán en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Esto es lo que se deduce del hecho de que ya transcurrió una semana desde que los ex directivos parlamentarios arnoldistas fueron defenestrados, pero los nuevos miembros de la Junta Directiva no volvieron a hablar de la desobediencia y el desacato que cometieron aquellos. Y además, algunas personas que forman parte del Gobierno o están vinculadas a éste, nos reprocharon porque en el Editorial del 23 de septiembre dijimos que los ex directivos parlamentarios que desobedecieron la ley y desacataron las resoluciones judiciales, deberían ser enjuiciados tal como manda la ley. “Lo que conviene a los intereses del país no es acusar a más dirigentes liberales sino tranquilizarlos y reconciliar a los diputados. Es más que suficiente haber destituido a Arnoldo Alemán de la presidencia de la Asamblea Nacional, y desaforarlo para que sea juzgado por las acusaciones de la Procuraduría”, nos advirtieron dichas personas.

En realidad, es seguro que para los intereses de los liberales —tanto de los partidarios como de los adversarios de Arnoldo Alemán— no sea conveniente que haya más acusaciones por corrupción y abusos de poder. Lo más probable es que el interés de los liberales de ambos bandos sea hacer alguna componenda y aplicarse a ellos mismos la política de borrón y cuenta nueva. Al fin y al cabo todos pertenecen a la misma familia partidista.

Pero las conveniencias de los políticos liberales no son los intereses de la sociedad. Lo que quieren los ciudadanos y lo demandan inequívocamente por medio de los pronunciamientos de las organizaciones sociales y las encuestas, es que la lucha contra la corrupción y los abusos de poder se lleve hasta el fin, y que se castigue a todos los culpables, de acuerdo con lo que dice la ley y manda la justicia, para escarmiento de los políticos que gobiernan ahora y de los que van a gobernar en el futuro.

Nosotros reflejamos y compartimos esa demanda de la sociedad, y al respecto debemos reiterar que no representamos ni queremos representar los intereses de los políticos —de ninguna clase de políticos—, ni del Gobierno. LA PRENSA es una institución independiente cuya misión es reflejar los criterios de los ciudadanos y defender los intereses de la sociedad, y quienes para favorecer sus intereses políticos pretenden indicarnos cómo debemos opinar, deberían estar claros de eso.  

Las conveniencias de los políticos