La ley y los políticos
León Núñez*
La doctora María Asunción Moreno —una brillante catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Centroamericana— declaró a La PRENSA que la destitución de la anterior Junta Directiva de la Asamblea Nacional fue ilegal pero legítima.
Desde el punto de vista de la doctora Moreno se trata de un caso en que la legitimidad, que radica en la mayoría de la Asamblea Nacional, pasó por encima de los obstáculos legales de orden procedimental que impedían lo que casi todos los nicaragüenses exigían: la destitución de la anterior directiva parlamentaria.
El problema de las actuaciones legítimas o ilegítimas contra la ley es un tema que no es pacífico en la doctrina jurídico-política, no solamente por los peligros de inseguridad jurídica que este problema conlleva sino también por el explosivo contenido político que contiene. Precisamente este elemento político es el que propicia la existencia de muchísimas como contradictorias tesis sobre este tema, fundamentalmente en este país en que los políticos siempre han tenido el descaro nunca disimulado de interpretar la ley de conformidad con sus intereses particulares, intereses que naturalmente cada quien los considera tanto legales como legítimos.
Es comprensible que en Nicaragua los políticos busquen siempre cómo proteger sus intereses —proteger lo que tienen— y es más, es comprensible que vivan justificando lo que desean tener, pero lo que no es comprensible —lo que no debe seguir sucediendo, en aras de una verdadera institucionalidad— es que los tribunales de justicia o los órganos políticos o administrativos correspondientes interpreten las leyes conforme los propósitos de los políticos, dando la impresión de que las leyes son hijas de sus intereses.
Cuando los intereses de dos políticos no coinciden, uno dirá que la ley dice una cosa y el otro dirá que dice otra. Entonces la interpretación que termina prevaleciendo será la interpretación del poder. Por esta razón, y para desgracia de Nicaragua, la ley históricamente siempre ha dicho lo que el caudillo de turno o lo que las cúpulas políticas han querido que diga.
Pero los problemas de legalidad o de ilegalidad que han afectado negativamente a este país se agravaron con el pacto Alemán-Ortega. Como consecuencia de este pacto se reafirmó el “principio” que establece que los jueces dicen que la ley dice lo que ambos caudillos dicen que dice. Esto sucede cuando están de acuerdo. Pero cuando no lo están, si el juez que conoce el caso es sandinista, entonces este juez dirá que la ley dice lo que don Daniel quiere que diga. Si el juez que conoce el caso es arnoldista, entonces este juez dirá que la ley dice lo que don Arnoldo dice que dice.
La degeneración del principio de la independencia de los Poderes del Estado ha llegado a tal extremo, que en tribunales colegiados, como por ejemplo, el Consejo Supremo Electoral, todavía no ha sido nombrado el presidente del mismo porque los dos caudillos no se han puesto de acuerdo. Pero lo más grave aún es que esta falta de acuerdo hasta tiene paralizados muchos casos en la propia Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros, con alguna excepción, vienen a conformar algo así como “bancadas judiciales” de don Arnoldo y don Daniel.
No creo que a alguien le quepa la menor duda de cuál sería la sentencia sobre el caso de la destitución de la directiva parlamentaria si el tribunal que lo conociera estuviera integrado por mayoría arnoldista. La sentencia diría que tal destitución fue una flagrante ilegalidad. Al contrario, tampoco creo que a alguien le quepa la menor duda de cuál sería la sentencia si el tribunal estuviera compuesto por mayoría sandinista. En este caso la sentencia diría que la destitución de la Junta Directiva anterior estuvo estrictamente apegada a la ley.
Independientemente de la discusión, políticamente bizantina, sobre si la destitución de la anterior Junta Directiva fue ilegal pero legítima, de si fue legal y legítima o de si fue ilegal e ilegítima, tal destitución constituye un hecho consumado, que no tiene vuelta de hoja, no sólo porque la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense apoya vehementemente esta destitución; no sólo porque casi todos los diputados que conforman la bancada del PLC en el fondo así lo han aceptado —varios de ellos están en silencio alegres porque se van a liberar de Arnoldo Alemán— sino también porque la “correlación política” de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hace imposible que se produzca un fallo sobre esta destitución, y en el evento de que se produjera, no podría ser antes del próximo mes de enero, en cuyo caso la elección de la nueva Junta Directiva haría que cualquier recurso que se planteara careciera técnicamente de interés jurídico.
La salida de Alemán del juego político, al fijar pronto su residencia en Tipitapa o en República Dominicana, podría significar, no obstante que todavía queda con mucha fuerza el otro caudillo, el primer paso en el largo camino que habrá de conducirnos a la efectiva y real independencia de los Poderes del Estado, de tal manera que al final de ese camino ningún juez o tribunal vuelva a decir que la ley dice lo que los políticos dicen que dice, sino que Ley diga lo que la justicia exija.
* El autor es abogado, escritor y miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA.
leonn@ibw.com.ni 
|
