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LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 / EDICION No. 22860 / ACTUALIZADA 1:30 am
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Enitel, una máquina de hacer dinero vendida como chatarra

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.Documentos filtrados a LA PRENSA demuestran que la empresa es altamente rentable y fue subvalorada para la privatización

El gerente general de Enitel, Carlos Ramos (derecha) y el doctor Evenor Taboada, apoderado legal de Megatel de Nicaragua, se presentaron a LA PRENSA para dar su versión sobre la privatización de Enitel.

 

Noel Hernández Ramos
noelhernandez@laprensa.com.ni

De diciembre de 2001, cuando la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), era todavía 100 por ciento estatal, a enero de este año, cuando pasó a ser administrada por Megatel de Nicaragua, la telefónica pasó de tener un promedio mensual de utilidades de medio millón de dólares a más de US$2.2 millones, antes de impuestos.

Esas utilidades más los honorarios que recibe Megatel de Nicaragua S.A., dueña del 40 por ciento de la empresa, por administrar la ésta, redondean un ingreso de aproximadamente 3 millones de dólares mensuales en el primer semestre de este año.

Según los informes financieros, durante 2001 Enitel tuvo un total de 6 millones 92 mil 916 dólares en utilidades acumuladas, con un promedio estimado de medio millón de dólares al mes, sin embargo, durante los primeros seis meses de este año, las utilidades acumuladas fueron de 13 millones 596 mil 146 dólares, con un promedio de 2.2 millones de dólares al mes.

Los resultados financieros no sólo demuestran su alta rentabilidad, sino que además Megatel recibirá, cada año, cerca de US$10 millones de dólares por honorarios que equivalen, de igual manera, a los US$10 millones que debe pagar por el Contrato de Servicios de Administración durante los próximos cinco años al Estado nicaragüense.

LA PRENSA logró obtener los resultados financieros comparativos de Enitel desde diciembre de 2001 hasta julio recién pasado, que según Mario Malespín, representante de la Federación de Trabajadores Enrique Schmidt, si se hace una proyección de los mismos a diciembre próximo reflejan utilidades y pagos por honorarios por el orden de los 40 millones de dólares.

“Es decir, que con un año de utilidades esta empresa se habrá pagado el 40 por ciento de las acciones que le compraron al Estado de Nicaragua”, expresó.

La federación es uno de los grupos que elaboró informes jurídicos que cuestionan la venta del 40 por ciento de las acciones y los contratos que se firmaron, denunciando supuestos vicios de nulidad.

Se espera que hoy la federación interponga ante la Procuraduría General de Justicia su anunciada denuncia contra la privatización de la empresa.

Sin embargo, para la nueva administración de Enitel los números sólo demuestran su eficiencia.

Carlos Ramos, gerente de Enitel y representante del consorcio Megatel de Nicaragua, manifestó que el brinco de medio millón a US$2.2 millones de dólares en utilidades promedio, ocurre por los nuevos cambios que trajo la nueva administración.

“Somos más eficientes y estamos haciendo un gran esfuerzo por reducir los costos y hacer más competitiva la empresa de cara a la futura competencia”, indicó Ramos, quien reaccionó sorprendido al ver en poder de LA PRENSA documentos de su empresa marcados con el sello “estrictamente confidencial”.

“De este informe sólo existen dos copias”, dijo, con la aparente esperanza de averiguar quién había filtrado los documentos.

Malespín no se traga esa versión. “¿Qué empresa en este país tiene ese nivel de rentabilidad?”, se preguntó Malespín, “teóricamente esta empresa vale cerca de 80 millones de dólares y está generando más de US$40 millones anuales, o sea que tiene una rentabilidad de más del 50 por ciento”.

En ese sentido, manifestó que estos resultados indican, en primer lugar, que “es una empresa que genera plata por montones” y en segundo lugar, que fue subvalorada al venderse.

Malespín también cuestionó el pago mensual de honorarios que Enitel le hace al consorcio Megatel de Nicaragua S.A. y que también se refleja en el informe.

No obstante, Ramos señaló que el informe de resultados, refleja sólo las operaciones devengadas por la empresa, por lo que los honorarios reflejados no son pagos.

“Ninguna de estas operaciones son pagos, son reflejos de operaciones contables, integración de cuentas”, expresó, “son los valores devengados que Enitel debería mes a mes contabilizar para pagarle al consorcio”.

Explicó que el consorcio tiene derecho a recibir un 3.5 por ciento de los ingresos de Enitel por el Contrato de Administración.

Sin embargo, Malespín sostiene que tales pagos no pueden efectuarse, por lo menos hasta que alcancen la suma que Enitel adelantó a Megatel, para que pudiera pagar el 50 por ciento de la garantía de pago del Contrato de Administración.

El dirigente sindical explicó que en la quinta enmienda que se hizo al Contrato de Compra Venta de Valores y la enmienda única que se hizo al Contrato de Servicios de administración, se dice aprueba el pago adelantado de cinco millones de dólares por los honorarios.

“En el estado de resultados se puede observar que en los costos y gastos ellos están pagándose el famoso contrato de administración, y si vos agarrás de enero a julio, Enitel le ha pagado a Megatel de Nicaragua cinco millones de dólares 750 mil 774 dólares”, señaló.

Malespín indicó que el consorcio ya había cobrado ese dinero a través de bonos del tesoro que Enite%l había comprado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público como adelanto, y luego fue utilizado para pagar la garantía.

“De Enitel no tenía que haber salido ningún centavo, hasta haber cancelado esos cinco millones de dólares, sin embargo, ellos han dejado de llevarse esos reales”, agregó.

Ramos manifestó que el contrato de administración es una obligación que tiene Enitel de pagarle al consorcio, por la transferencia tecnología, por los gerentes capacitados y por el apoyo para desarrollar y transformar la empresa.

En ese sentido dijo que actualmente existen 27 ejecutivos que no reciben salarios de Enitel sino de parte del Consorcio Megatel de Nicaragua.


HONORARIOS SON DE US$10 MILLONES

Según Malespín, los honorarios que Megatel de Nicaragua S.A. recibirá cada año prácticamente le permitirán pagar los 50 millones de dólares que debe enterar en cuotas anuales de US$10 millones a partir de diciembre próximo.

“Al final de año estos montos van a llegar a ser 10 millones de dólares que Enitel les está pagando a ellos, por el Contrato de Servicios de Administración, en otras palabras, de Enitel está saliendo la plata para pagar los U$10 millones”, expresó.

“Ellos no tendrían por qué estar cobrando por administrar la empresa si el acuerdo es que ellos le paguen al Estado por administrar la empresa”, sostuvo.

“Ellos se garantizaron tener con el 40 por ciento, cuatro de los siete directivos de Enitel y las decisiones se toman por mayoría simple”, comentó.

En ese sentido, dijo que ese pago de honorarios debería estarse reflejando como utilidad desde enero de este año, de manera tal que las utilidades serían de más de 3 millones de dólares en promedio y no de US$2.2 millones.

Por su parte, Ramos manifestó que el pago del Contrato de Administración es responsabilidad del Consorcio y no de la compañía telefónica.

Señaló que el consorcio no puede disponer de las utilidades de manera directa ya que la única manera en que se puede remunerar a los accionistas de la compañía es a través de sus dividendos, que se calcula en base al número de acciones que tiene cada uno.

Explicó que la Junta Directiva es la que decide si se repartirán todas las utilidades o si destinarán una parte de ellas para invertir en la empresa.

Taboada aseguró que no hay forma como salga un peso de Enitel, ya que el gobierno también tiene control en la empresa y ejerce vigilancia, así como otras instituciones como la Contraloría.

En la denuncia que la Federación Enrique Schmidt planea entregar a la Procuraduría General de la República se afirma que existen evidencias de que los contratos entre Enitel y Megatel de Nicaragua, fueron reformados entre el 31 de agosto (día de la licitación) y el 18 de diciembre (fecha de traspaso).

Expresó que fueron esas reformas las que, según él, establecieron el pago de honorarios a favor del consorcio en contubernio con la Junta Directiva de Enitel.

Por ejemplo, explicó Malespín, en el Acuerdo de Compraventa de Valores con sus 22 anexos, que tiene fecha del 31 de agosto se observan cláusulas que hacen alusión a documentos firmados con posterioridad. “Lo que demuestra que estos documentos fueron alterados para beneficio del adjudicatario y en perjuicio del Estado”, cita el informe.

Sin embargo, Evenor Taboada, representante legal de Megatel, sostuvo que las únicas reformas que se han hecho a los contratos fueron las enmiendas, y aseguró que del contrato de administración no se tocó absolutamente nada.

“El que diga eso que muestre las bases, los anexos, lo cambios para que diga dónde está la diferencia, porque lo que cambia son las fechas de entrega”, añadió.


DESESTIMAN INFORME JURÍDICO

Ramos desestimó el contenido del informe jurídico que elaboró la firma de abogados Martínez & Gutiérrez, así como Alvarado y Asociado, sobre el proceso de privatización de Enitel, por carecer de fundamentos.

El informe se encuentra actualmente en poder de la Contraloría General de la República, y según Ramos ya fue contestado por el cuerpo de abogados del consorcio.

“Cuando nosotros conocimos ese informe le dijimos a nuestro asesor que lo analizara, y, en efecto, se le envió un informe, donde absolutamente todas esas cosas están desvirtuadas”, dijo.

“Ahí no hay ningún hecho con soporte real, hay interpretaciones, lecturas de papeles, por lo tanto no tienen validez como argumento, ahí no hay ninguna cosa cierta”, expresó.

Ambas firmas de abogados concluyeron que la Junta Directiva de Enitel estableció un precio bajo por el valor de las acciones, las cuales fueron valoradas por consultores en 44.3 millones de dólares.

Evenor Taboada, representante legal de Megatel de Nicaragua, señaló que este aspecto tiene una respuesta legal en base a las leyes que establecieron el precio base de cómo se debía vender Enitel.

Dijo que el precio base que firmó el Banco de Santander fue de 75 millones, o sea que el precio se definiría cinco millones por debajo de esta cifra o en cinco millones por encima de ésta, finalmente quedó en 79 millones.  
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