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LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 / EDICION No. 22860 / ACTUALIZADA 1:30 am
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Editorial
¿Van a permitir que se fuguen todos?

En medio de los insistentes rumores que circularon ayer de que Arnoldo Alemán se estaba fugando del país ante su inminente desafuero y juzgamiento por las graves acusaciones de corrupción que pesan contra él, se conoció que los diputados liberales arnoldistas se van a integrar normalmente a sus funciones en la Asamblea Nacional, no obstante que hasta ahora han apoyado incondicionalmente al acusado ex presidente de la República.

En realidad, es bueno para el país y para los mismos liberales arnoldistas, que normalicen su participación en la Asamblea Nacional y que respalden al gobierno del presidente Enrique Bolaños, cuyo éxito al fin y al cabo es lo único que podría garantizar que el liberalismo siga ganando las elecciones y manteniéndose en el poder.

Por otro lado, según algunos observadores, al gobierno le convendría que Alemán se fuera del país, igual que su familia, pues sería engorroso tenerlo en la cárcel y de algún modo convertirlo en héroe de todos los corruptos que hay en Nicaragua, que al parecer son bastantes. Sin embargo, para los intereses nacionales lo verdaderamente importante es llevarlo a los tribunales, y con ese precedente advertir a los políticos lo que les puede ocurrir si vuelven a saquear el Estado y convertirlo en su patrimonio particular.

En todo caso, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y la comisión dictaminadora de la solicitud de desafuero de Alemán deben ser más diligentes y evitar que los acusados inmunes se sigan escapando. Los 37 días —y hasta 47— que señala la Ley de Inmunidad para dictaminar si procede o no el desafuero, no son fatales ni necesarios en este caso, porque ese plazo es para cuando se carece de información sobre los motivos de la queja, y, en lo de Alemán, hay prácticamente una montaña de pruebas y evidencias, y además una sentencia judicial que ya lo hubiese mandado a la cárcel de no ser por su inmunidad.

De manera que lo que le corresponde hacer a la Asamblea, lo más pronto posible, es desaforar a los acusados de corrupción que gozan de inmunidad, y también acusar a los cinco anteriores miembros de la Junta Directiva (Wilfredo Navarro, René Herrera, Jamileth Bonilla, Guillermo Osorno y Auxiliadora Alemán), quienes cometieron el delito de Desobediencia al negarse a tramitar el desafuero de Arnoldo Alemán y compañía, tal como lo manda la Ley de Inmunidad, y al desacatar dos resoluciones judiciales que les ordenaron cumplir los trámites para dicho desafuero. Esos delitos tampoco deben quedar impunes y su castigo de acuerdo con la ley y la justicia debe ser un escarmiento para los funcionarios que en el futuro quisieran seguir abusando del poder.

El artículo 9 de la Ley de Inmunidad dice que: “La Junta Directiva de la Asamblea nombrará de inmediato una Comisión que estará integrada de conformidad a los criterios establecidos en el Estatuto General de la Asamblea Nacional, a fin de que se estudie y dictamine la queja presentada”. Sin embargo los mencionados ex directivos parlamentarios se negaron a crear la Comisión que manda la ley. Por otro lado, la Constitución establece (artículo 167) que: “Los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personales naturales y jurídicas afectadas”. Pero los ex directivos parlamentarios desobedecieron la resolución de un Tribunal de Apelaciones de Managua que ordenó tramitar el desafuero de Arnoldo Alemán, David Castillo y Marta McCoy, en el caso del fraude al extinto Canal 6 de Televisión; y desobedecieron también la solicitud de la juez Juana Méndez de desaforar a Arnoldo Alemán, a la diputada suplente María Dolores Alemán y al diputado David Castillo.

El delito de desobediencia cometido por funcionarios públicos está tipificado en el Código Penal (artículo 377), y es castigado con inhabilitación absoluta de los culpables, multa y prisión hasta de dos años (artículo 378 Pn.). De manera que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional debe proceder de inmediato a acusar y desaforar a los anteriores miembros de la Junta Directiva, antes de que también se escapen, pues según las informaciones algunos de ellos ya tienen reservaciones para abandonar el país.  
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