Enfoque
Un golpe técnico “legítimo”
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 | Mientras en la Plaza de la República se celebraba una “gran fiesta patriótica” para conmemorar el histórico cambio de directiva parlamentaria, algunas voces como la jurista María Asunción Moreno cuestionan la forma en que se procedió, y hablan de un golpe técnico legitimado por las fuerzas políticas nacionales e internacionales |
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Rolando Flores
rolando.flores@laprensa.com.ni
“Un golpe técnico legítimo pero ilegal”. Así calificó la catedrática de Derecho de la Universidad Centroamericana (UCA), María Asunción Moreno, la destitución de la antigua Junta Directiva y el nombramiento de una nueva con el voto de 47 diputados.
Moreno, aunque reconoce la legitimidad de la nueva directiva, asegura que la recién formada mayoría no siguió los procedimientos establecidos en los Estatutos Generales de la Asamblea Nacional para la destitución de miembros de la directiva.
Específicamente, Moreno se refiere al artículo 20, en que se establece que para destituir a un directivo se tiene que crear “una comisión especial representativa de la composición del plenario, que conocerá el caso y emitirá un dictamen dentro de un plazo no mayor de quince días”. Según este artículo, será obligación de la Comisión “darle audiencia al directivo encausado y recibirle todas las pruebas de descargo”.
DESTITUIDOS SIN DEFENSA
Para Moreno, “los destituidos no tuvieron derecho a la defensa, a explicar, a justificar por qué no han cumplido sus funciones. El estatuto es claro en establecer el procedimiento para poder suspender a los miembros, y eso significaba ir valorando si cada uno de ellos ameritaba ser destituido. En ese sentido, no están siendo muy coherentes, aplican los estatutos en lo que les conviene, y en lo que no les conviene los omiten y se van de hecho”.
Moreno afirma que este golpe implica una violación a un orden jurídico, que se justificó como las revoluciones: “Para un bien social se está utilizando un fundamento político más que legal”.
Aunque poco probable, desde el punto de vista jurídico, a juicio de la catedrática en derecho penal, habría que dar “un paso atrás y seguir el procedimiento establecido en los estatutos, aunque se vuelva a elegir a la misma Junta, de lo contrario ahora hay dos directivas, lo queramos o no”.
RESPALDO EJECUTIVO ES SECUNDARIO
Moreno opina que el hecho de que el Ejecutivo reconozca la nueva Junta Directiva no es tan importante, como que la mayoría de parlamentarios esté de acuerdo con ese “golpe técnico”.
“Hay un ejemplo claro, el Ejecutivo no estaba de acuerdo con la anterior directiva, sin embargo existía y hacía sus funciones y el Ejecutivo no podía hacer nada, no podía deslegitimarla. Aunque es bueno tener el respaldo del gobierno porque le da mayor legitimidad, porque es bueno que los poderes del Estado trabajen en armonía y de forma coordinada”.
Sin embargo, la catedrática enfatiza que la legitimación no significa legalidad. La legitimidad está garantizada en el sentido de que la Asamblea tiene la representación soberana, pese a que ésta optara por no seguir lo que dictan sus Estatutos.
Finalmente, y en el plano político, Moreno tiene sus dudas sobre la estabilidad de la nueva mayoría. “Dudo que esta unanimidad se mantenga para aprobar cuestiones legislativas, entonces también tendrías una Asamblea Nacional inactiva. Se podría haber salido de un estancamiento para caer en otro”.
CARTA DEMOCRATICA SIN CABIDA
La experta en Derecho, María Asunción Moreno, opina que la denuncia del ex presidente de la Asamblea Nacional Arnoldo Alemán convocando la Carta Democrática Interamericana, firmada el 11 de septiembre del año pasado, no tiene cabida.
Dicho documento, promovido por la Organización de Estados Americanos (OEA), es un compromiso de los gobiernos latinoamericanos de defender y promover la democracia y los Derechos Humanos en sus países.
Moreno estima que no es aplicable, primero, porque la Carta Democrática es un acuerdo, “no es un tratado internacional, no es un convenio. Es un compromiso dentro de un espíritu para fortalecer la institucionalidad”.
Segundo, este documento es firmado por los jefes de Estado, los ejecutivos, y en este caso el Ejecutivo (nicaragüense) no ha cometido ninguna violación de la Carta, porque el gobierno no ha tenido nada que ver con lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional. “El presidente no está nombrando a la nueva Junta Directiva ni ha participado en ese nombramiento”, por lo tanto no puede ser acusado ni condenado de un golpe de Estado, como argumenta Alemán.
INFRACCIONES DE AMBAS PARTES
“Si la institucionalidad es el respeto a la ley, llegaríamos a la conclusión que ha habido infracciones a la ley de una y otra parte. Pero si institucionalidad es pensar qué es lo mejor para la sociedad, para la consolidación de la democracia, ya habría que hacer otro tipo de interpretación”, señala María Asunción Moreno, catedrática de Derecho de la UCA.
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