Roberto Rivas a tribunales
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 | CGR le determina presunción penal por mal uso de fondos y establece responsabilidades administrativas contra otros 14 funcionarios del Poder Electoral |
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El ex presidente del CSE, Roberto Rivas, afectado con presunción penal por la CGR. |
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Jorge Loáisiga Mayorga
jorge.loaisiga@laprensa.com.ni
La Contraloría General de la República (CGR), estableció presunción de responsabilidad penal, contra el ex presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, “por haber perjudicado deliberadamente el patrimonio económico del Estado en 278 mil 481 córdobas”, confirmó el contralor Luis Ángel Montenegro.
LA PRENSA intentó localizar a Rivas, pero en su despacho, la asistente María del Socorro Acevedo, dijo que éste tuvo un problema en la finca de Matagalpa donde se encontraba.
La resolución de la CGR fue aprobada ayer de manera unánime por los contralores colegiados y dentro de 60 días el caso será remitido a los tribunales de justicia, tal y como lo establece la Ley Orgánica de la Contraloría.
Rivas donó a la parroquia Santa Marta, de la cual es cura párroco, monseñor Eddy Montenegro, dos mil dólares mensuales, entre enero y septiembre del 2001, llegando la suma a 241 mil 940 córdobas, sin que existiera fundamento legal para hacer dichas donaciones.
“...ha quedado plenamente demostrada la lesión patrimonial a los caudales públicos, en beneficio particular de la parroquia Santa Marta...”, dice la resolución.
Además, Rivas autorizó, sin fundamento legal, un desembolso de 36 mil 541 córdobas a favor de la Funeraria Don Bosco por concepto de ayuda económica a Lucrecia Urbina para sufragar gastos funerarios de su difunto hijo Juan Ramón Díaz Urbina.
“Es importante señalar que tanto la señora Urbina como el hoy difunto Díaz Urbina no eran trabajadores del CSE”, precisa el informe de auditoría de la CGR.
“...tales erogaciones no estaban debidamente presupuestadas, tan es así que de modo irregular e inexplicablemente éstas se contabilizaron, según catálogo de cuenta que maneja dicha entidad en los rubros de publicidad, mantenimiento y reparación de edificios y locales, donaciones y gratificaciones y de atenciones sociales. Se colige de lo anterior que tales erogaciones carecen de base legal”, agrega la resolución.
En este proceso anómalo de las donaciones, que carecen de base legal, estuvieron involucrados Eduardo Ubilla Gasteazoro, asistente administrativo del CSE, Pedro Joaquín Navarrete Alemán, director general de Finanzas y Jorge Téllez Campos, ex secretario general administrativo, según el informe de la CGR.
Otra parte de la resolución se refiere a las compras de 10 mil ponchadoras realizadas por el CSE a la empresa Mayoreo Ferretero S.A. (MAFESA) por 959 mil 100 córdobas.
Estas compras, de acuerdo a la CGR, fueron irregulares y se violó la Ley de Contrataciones del Estado, al fraccionar la compra en dos órdenes al mismo proveedor en un período menor de un mes y no se licitó la compra.
LOS AFECTADOS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS
-La CGR también encontró responsabilidad administrativa contra el Director de Prensa y Publicidad del CSE, Félix Navarrete, quien suscribió un contrato de publicidad con Luis Mora Sánchez, representante de MARIFER y Cía. Ltda., cuya vigencia era de enero a octubre del 2001, cancelando 25 mil dólares. El contrato carecía de fecha de suscripción.
-Además, los contralores establecieron responsabilidad administrativa contra Jorge Gómez Mayorga, Isaura Toruño Rodríguez, Pedro Navarrete Alemán, Javier Vega y Carlos Guevara Caballero, todos miembros del Comité de licitación del CSE.
-Otros que resultaron con responsabilidad administrativa son Rodrigo Barreto Gutiérrez, jefe de gabinete de la Presidencia del CSE, Mauricio Javier Fernández Mayorga, subdirector general administrativo y Marisol Ortega Picado.
NO PRESENTABA INFORMES
“Nosotros nunca aprobamos ningún informe administrativo financiero del CSE, porque Rivas no nos presentó nunca informe alguno a los magistrados. Hasta ahora es que hemos visto el enorme desastre administrativo financiero en que incurrió. Hasta hoy no hemos sido informados sobre la resolución de la Contraloría y por ello no puedo opinar sobre el caso”, dijo el magistrado José Luis Villavicencio. 
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