Crisis política y soluciones
Emilio Álvarez Montalván
En Nicaragua, las crisis políticas nunca pudimos arreglarlas por acciones institucionales, incruentas y eficaces, vale decir aplicando la ley. De ahí que para solventar las parálisis que sufría periódicamente el funcionamiento del Estado, recurriese nuestra clase política sin distingos de colores a cuatro mecanismos sustitutivo o vicariantes propios de nuestra atrasada cultura política.
El primero y más usado para superar una crisis política fue el golpe de Estado, efectuado por el Ejecutivo, apoyado en las Fuerzas Armadas. Así el 4 de abril de 1911 el presidente Juan Estrada, respaldado por el jefe del Ejército, general Luis Mena, disolvió la Asamblea Constituyente. Tuvo temor Mena que le aplicaran el Arto. 125 de la nueva Carta Magna, que facultaba al Congreso a censurar a un ministro, equivalente a su destitución.
El segundo procedimiento para destrabar un grave conflicto entre presidente y oposición solía ser un levantamiento armado en los departamentos para cambiar al gobierno. Así aconteció el 28 de abril de 1893, cuando los revoltosos iniciaron en Granada una guerra civil para derrocar al presidente Roberto Sacasa. El triunfo de dicho movimiento llevó eventualmente al poder al general Zelaya, comenzando así una dictadura de 17 años.
El tercer mecanismo para conseguir estabilidad era un acuerdo político negociado entre las élites beligerantes, como aconteció el 12 de septiembre de 1856, cuando los partidos en pugna (legitimistas y democráticos) firmaron la paz, para luchar unidos contra el filibustero Walker. Integraron así un gobierno nacional transitorio, que inició el período de 30 años de paz y desarrollo. Una versión perversa de este tipo de convenio fueron los pactos de 1939, 49, 50 y 71 que sirvieron para consolidar la dinastía Somoza y el de 2001 para repartirse cuotas de poder, liberales y sandinistas.
El cuarto recurso fue recurrir a la intervención extranjera. En 1912 el presidente Adolfo Díaz, incapaz de mantener el orden interno, solicitó la ayuda de los EE.UU. para evitar más derramamiento de sangre y proveerse de recursos económicos. Esa petición la repitió en 1926 para dominar la revolución en la Costa. Aquella fuerza de ocupación permaneció 20 años en el país, terminándose al aceptar los dos partidos el resultado de comicios súper vigilados por la marinería norteamericana. A su vez en 1979 el FSLN recurrió al apoyo de la ex URSS y sus aliados para imponerse diez años en el mando.
En la época moderna, aquellos mecanismos practicados en América Latina durante los siglos XIX y XX para superar conflictos políticos graves, ya no resultan ni viables ni aceptables. Surgió entonces el sutil recurso del “jeitinho brasilero”, maniobra de discutida legalidad, pero eficaz e incruenta. La practicó en 1964 el ejército brasilero al deponer al presidente Joao Goulart, invocando un “ato institucional” que alegaba ser legítimo, pues el cuartelazo no provenía de un partido o caudillo militar, sino de la propia Institución castrense, que asumía la responsabilidad de mantener el orden público.
El “jeitinho” se aplicó en Nicaragua en 1995 en circunstancias diferentes cuando la presidenta de la Republica se negaba a publicar las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional. Después de un largo impasse, las partes sacaron del sombrero una “ley Marco”, que aunque inconstitucional, superó la crisis. Actuó como testigo la jerarquía católica y contó con la indiferencia del Ejército.
En la crisis actual, podría aplicarse el mismo enfoque institucional, si la actual directiva persiste en no nombrar la comisión ad hoc que conocería el desafuero de dos diputados. Nos referimos a la potestad de la Asamblea soberana e independiente de restablecer el debido proceso, reemplazando la directiva. La otra alternativa es que ante la inminencia de ser depuesta, la actual JD designe a última hora una comisión integrada en su mayoría por amigos del PLC, y juegue con el tiempo hasta diciembre.
El autor es analista político y miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA 
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