Zoilamérica pone a prueba a Bolaños
 | Gobierno se comprometió a discutir nuevo juicio contra
Ortega |
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José Adán Silva
joseadan.silva@laprensa.com.ni
Zoilamérica Narváez pondrá a prueba la independencia política del gobierno del presidente Enrique Bolaños, al pedirle respuesta y apoyo para una nueva causa judicial por delitos sexuales contra su actual aliado político, Daniel Ortega Saavedra.
La demanda de Narváez se da como parte de la admisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, cuando reconocieron que el Estado de Nicaragua violó los derechos humanos de Zoilamérica, al negarle por motivos políticos el derecho a un juicio por abusos sexuales contra Ortega, líder del Frente Sandinista, a quien ella denuncia por haberla abusado sexualmente por 19 años, cuando vivía en su casa en calidad de hijastra.
Sobre este tema se efectuó ayer una reunión en la Procuraduría General de la República, donde el procurador en funciones, Francisco Fiallos, reconoció seis puntos de la demanda de Narváez, y se comprometió a negociar mecanismos para cumplir las demandas, poniendo como fecha tope el 30 de octubre próximo.
En la reunión participaron, además de Fiallos, el procurador especial penal Iván Lara, representantes de la Cancillería y de la Presidencia, el representante de la Organización de Estados Americanos en Nicaragua, Sergio Caramagna, así como Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
LOS COMPROMISOS DEL GOBIERNO
La CIDH admitió en octubre del año pasado la denuncia de Zoilamérica como una violación a sus Derechos Humanos de parte del Estado nicaragüense, y el 4 de marzo de este año ordenó al gobierno de Bolaños una solución amistosa con ella.
Ayer el procurador Fiallos aceptó las demandas de Narváez y se comprometió a buscar mecanismos de solución para tales demandas.
Uno de los puntos que aceptó negociar el gobierno, fue permitir a Zoilamérica el acceso a justicia transparente, revertir el fallo de la juez Juana Méndez, quien en diciembre del año pasado sobreseyó a Ortega por los delitos de abusos sexuales, bajo el argumento de que habían proscrito.
Además, el gobierno deberá facilitar un proceso civil para que Zoilamérica recupere su verdadero apellido paterno y desechar el Ortega que legalmente ostenta en sus documentos, además, el gobierno deberá apoyar financieramente una fundación de la demandante, donde se atenderá a personas abusadas.
Además, la PGR se comprometió a discutir reformas a la Ley de Inmunidad y al Código Penal, donde establecerán que el delito sexual no debe ser protegido por la primera y que el Código Penal establezca que el delito sexual no prescriba jamás.
También se discutirá una indemnización económica por daños ocasionados, y una disculpa pública del presidente Bolaños aceptando que el Estado violó los derechos de la ofendida. 
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