Corte “no tiene vela en entierro”
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 | Magistrado no cree que la acusación de desacato en contra de la directiva parlamentaria prospere, pues poseen inmunidad. |
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Rafael Solís. |
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William Briones Loáisiga
william.briones@laprensa.com.ni
“Hagan lo que hagan, los diputados son inmunes”, comentó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, al referirse al supuesto desacato de la Junta Directiva del Parlamento, a un mandato judicial de abril pasado, que les ordena apegarse a la ley, en la solicitud para el desafuero del diputado Arnoldo Alemán.
Solís aseguró que la CSJ no ha recibido ningún recurso que por desacato anunciaron que presentarán en ese poder del Estado, los diputados de la bancada del FSLN y la Azul y Blanco, para que la directiva conforme la comisión que analizará el desafuero, como lo manda la Ley de Inmunidad. La directiva anunció que el próximo jueves doce de septiembre, decidirá si se integra la comisión que la Ley de Inmunidad ordena que se integre “de inmediato”.
“Habrá que ver. No sé por qué lo van a presentar (el recurso) en Corte. El problema es que (los diputados) tienen inmunidad y caemos en lo mismo, no veo cómo pueden acusar a (los) diputados si son inmunes. Los diputados tienen inmunidad absoluta, salvo en asuntos vinculados a la familia y al derecho laboral, de ahí para todo lo demás son inmunes. Hagan lo que hagan, son inmunes”, expresó.
Insistió que deben esperar que se produzca ese hecho, para determinar si procede. “Si se llega a producir, veremos si llega un recurso de amparo sobre eso, pero no me puedo pronunciar obviamente porque me va a tocar conocerlo”, solicitó.
Dijo que existen antecedentes de conflictos internos en el Legislativo, y recordó la sentencia emitida el siete de enero de 1997 por la CSJ, aunque rechazó que siente jurisprudencia, por considerar que fue hecha con motivaciones políticas.
“La Corte mandó a anular todo lo hecho por la Asamblea (Nacional), presidida por la comandante Doris Tijerino, que entre el 20 de noviembre y finales de diciembre (del 96), aprobó una gran cantidad de leyes. Se hizo el nombramiento de la doctora (Miriam) Argüello (Procuradora de los Derechos Humanos) y otro más (Carlos Gallo, subprocurador), y después, la Corte en una sentencia dijo que era nula porque la directiva que había resultado a raíz de esa crisis no era legal”, recordó.
“Fue un fallo evidentemente político. La directiva funcionó con el respaldo de la mayoría de los diputados, porque siempre llegaron a las sesiones 47, tenía legalidad; no obstante, la Corte dijo que no por razones de procedimientos. Fue una sentencia política, de manera que no puede servir como fundamento para una nueva situación que se pueda presentar, en caso que existan dos directivas después del 12 de septiembre”, sentenció. 
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