Polémica por esperada sentencia de “la huaca”
Ary Neil Pantoja Velázquez
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En espera de la sentencia interlocutoria de la juez Juana Méndez en el caso de “la huaca”, el debate sobre la misma llegó a su punto máximo, cuando ayer el abogado Gustavo García se inclinó por una sentencia de sobreseimiento provisional para los procesados con el fin, según dijo, que el proceso quede abierto a más y mejores elementos de prueba.
A juicio de García, los documentos traídos de Panamá y presentados por la Procuraduría General de la República (PGR), carecen de legalidad por ser fotocopias, cuyos originales nunca han sido presentados.
Según García, a lo largo del proceso tampoco se demostró el cuerpo del delito, “al menos en lo que respecta al lavado de dinero”, dijo.
“Es una total incertidumbre el fallo de la juez; como puede ser una sentencia de una total implicancia (culpabilidad) de todos los (procesados) que aparecen en la escena de este hecho, puede ser también que no exista ese resultado que muchos esperan, en cuanto que las pruebas presentadas por su propia legalidad, no existen, ya que únicamente se han aportado documentos en fotocopias que carecen de la autenticidad legal”, señaló García.
JUEZ NO DEBERÍA BASARSE EN DOCUMENTOS
García insistió en que la documentación presentada por la PGR “son pruebas ilegalmente obtenidas que no pueden servir como base para una sentencia de la juez”. A juicio de García, conforme a la ley, la juez Méndez no podría dictar una sentencia de prisión “porque no se comprobó el cuerpo del delito ni se demostró la culpabilidad de los procesados, porque los documentos no muestran las garantías procesales de tenerse como pruebas”.
“DINERO ES LIMPIO”
A través de un escrito, el abogado Sergio Torres Cruz explicó que el delito de lavado de dinero —delito por el cual la PGR acusa a 14 personas, incluyendo al ex presidente Arnoldo Alemán—, no existe porque, a su juicio, el dinero sustraído de las instituciones del Estado es dinero limpio.
“La lógica indica que se lava lo que está sucio. Pero el dinero sustraído de Nicaragua para alimentar cuentas particulares en bancos del exterior, no es sucio como se pretende, porque tiene un origen legítimo en las actividades lícitas de los ministerios y entidades del gobierno nacional”, dijo.
Torres agregó que el que los acusados hayan sustraído dinero por cualquier medio o bajo cualquier pretexto, sin cumplir con los procedimientos legales, “puede ser constitutivo de diversos delitos en atención al interés jurídico protegido a la modalidad o condición de los autores, pero nunca de lavado de dinero”, insistió.
En todo caso, Torres se inclinó más por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, negocios incompatibles con el destino, peculado o cualquiera de los delitos peculiares de los funcionarios y empleados públicos. 
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