Al toro, por los cuernos
Si la juez Juana Méndez excluye el delito de lavado de dinero de la sentencia interlocutoria en el juicio por corrupción conocido como “la huaca” (en el que el principal acusado es el ex presidente Arnoldo Alemán, pero no puede ser juzgado porque se ampara en la inmunidad), sin dudas que será para no sentar un precedente que después le podrían aplicar a ciertos personajes involucrados en quiebras bancarias fraudulentas.
Pero aunque la juez dictare el auto de prisión sobre la base dell delito de lavado de dinero —que de acuerdo con la ley permite condenar a los acusados sin esperar a un tribunal de jurados, hasta a treinta años de prisión cuando se trata de prominentes funcionarios públicos—, Alemán de todas maneras seguiría impune, porque la Junta Directiva parlamentaria dominada por él se empecina en no tramitar la solicitud de desafuero para poder llevarlo ante la justicia a responder por las acusaciones de corrupción.
En realidad, la única salida legal a esta crisis institucional sería la autoconvocatoria del Plenario de la Asamblea Nacional para reorganizar la Junta Directiva y desaforar a Alemán, pero esto no parece factible por la actitud timorata de los diputados de la Bancada Azul y Blanco, quienes por medio de su líder Miguel López anunciaron que no apoyarían esa solución. En efecto, el diputado azul y blanco dijo (LA PRENSA, jueves 5 de septiembre) que: “Ese no es un camino que se pueda dar... no es procedente porque está fuera del marco constitucional”, porque en 1992 y 1997 hubo sesiones del Plenario autoconvocado y se aprobaron leyes, “pero la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional”. De modo que lo único que harán los diputados bolañistas, según López, será presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Es decir, nada.
Pero el antecedente al que se refiere el diputado López y que ameritó una sentencia dividida de la Corte Suprema de Justicia, era diferente al de ahora. Y en todo caso, en aquella ocasión lo que hizo la Corte fue restablecer la normalidad institucional que había sido alterada ilegalmente por un sector de la Asamblea Nacional, y ahora sería el Plenario el que restablecería legalmente la institucionalidad violentada por un grupo que se niega a aplicar la Ley de Inmunidad; que desacata una resolución del Tribunal de Apelaciones que lo manda a tramitar la solicitud de desafuero de Alemán; que mantiene paralizada en sus funciones fundamentales a la Corte Suprema de Justicia, que está constitucionalmente desintegrada por falta de 5 magistrados; que sabotea al Poder Ejecutivo y que, en fin, está causando un enorme daño a la nación.
La situación no es fácil, y son comprensibles los temores de algunas personas de que los sandinistas pudieran controlar la Asamblea Nacional. Pero si así fuera, el control sandinista sólo duraría tres meses, porque en enero próximo se elegiría la nueva Directiva, y para esa fecha se habría recompuesto la mayoría liberal. Por otro lado, para cuando la Corte falle sobre las decisiones que tome el Plenario autoconvocado, ya Alemán estaría procesado y probablemente preso, además de que a esas alturas la nueva mayoría parlamentaria se habría podido ampliar al sesenta por ciento indispensable para designar a los cinco magistrados que hacen falta al Poder Judicial para estar constitucionalmente integrado.
La verdad es que no hay otra salida a la crisis. La alternativa sería dejar que Alemán siga mangoneando la Asamblea Nacional hasta enero próximo, lo que dañaría mucho más al país cuando se tenga que aprobar algunas leyes fundamentales, como por ejemplo, el Presupuesto de 2003. Y además, engallotado por su victoria política, Alemán podría imponerse en la presidencia parlamentaria por otro año, y después lanzar su candidatura presidencial para las elecciones de 2006. ¡Dios nos libre!
Los diputados de la Bancada Azul y Blanco deberían armarse de coraje personal y valor cívico y tener confianza en que la Corte Suprema de Justicia avalaría el restablecimiento de la legalidad que haría el Plenario autoconvocado. Por el rescate de la institucionalidad democrática, la recuperación de la dignidad pública y la bienandanza nacional, vale la pena que corran el riesgo. 
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