Reportaje especial
Gran crimen, poca pena
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 | La pena máxima para estos delitos es tres años de cárcel, pero la mayoría de choferes homicidas logra salir bajo fianza |
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Esta gráfica es evidente, el conductor del bus urbano se distrae conversando con un pasajero. |
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Luis Alemán
luis.aleman@laprensa.com.ni
Manuel Ángel Rugama González cumple hoy siete días de estar detenido. Se le procesa por homicidio culposo, es el responsable de la muerte del niño Marcos Antonio Martin Mendieta, de 11 años, hecho ocurrido el pasado 28 de agosto en los semáforos del Mayoreo.
El accidente ocurrió cerca de las seis y 45 minutos de la mañana, Marcos Antonio cruzaba la pista para ir a su colegio, Manuel conducía una ruta 112, el semáforo estaba en rojo, no se detuvo y el resultado de su irresponsabilidad fue la muerte del niño que quedó semidesbaratado bajo las llantas del pesado vehículo.
Manuel niega toda responsabilidad en el hecho y señala como única responsable a la “fatalidad”.
A pesar de encontrarse tras las rejas, este hombre un poco gordo y con aspecto rudo, contesta cada pregunta con evasivas y hasta con cierta agresividad.
“No soy responsable de nada, el niño se cruzó, no pude evadirlo y se murió”, alega irritado, y a renglón seguido argumenta que tiene 17 años de experiencia en el manejo, experiencia que al parecer no le sirvió de nada al momento de respetar una señal de tránsito.
“Yo venía a 20 kilómetros por hora y no lo vi cuando se cruzo la vía”, señala Manuel, quien no pudo explicar por qué si circulaba a 20 kilómetros, no se detuvo cuando el semáforo se puso en rojo.
¿Cómo se sentiría si usted estuviera en el lugar de la mamá de Marcos? La respuesta fue el silencio.
Manuel Ángel sabe que podría enfrentarse a una condena de tres años de prisión por homicidio culposo, pero también está seguro de que no estará mucho en la cárcel.
Solicitará una suspensión de condena bajo el beneficio de la fianza, y en menos de lo que canta un gallo estará de nuevo en las calles, quizás conduciendo otra vez, y con la posibilidad de matar a otra persona.
Eso fue lo que ocurrió con Jonathan Antonio Areas Rugama, quien fue condenado a dos años y medio de prisión por la juez Tercero Local del Crimen por matar a Thelma Velásquez Vega, pero su abogado solicitó una suspensión de condena la que fue concedida por la judicial.
Tras pagar una multa, Jonathan salió en libertad con la única limitación de no acercarse al lugar de residencia de la víctima, no asistir a lugares públicos y a buscar un trabajo diferente del que tenía.
Sin embargo, el mismo Jonathan aceptó haber conducido nuevamente el bus, aunque no fue para trabajarlo “sino para llevarlo a un taller”. “Yo puedo seguir manejando”, afirma este muchacho, quien logró obtener de nuevo su licencia número 21018839 mediante un oficio enviado por la juez Tercero Local del Crimen al jefe de Tránsito del Distrito 3, donde ocurrió el accidente.
La historia de José Ariel González Márquez, es otra; éste podría quedar eximido de toda responsabilidad. José Ariel mató al ciclista Santos René Hernández Contreras. Su abogado, Roberto José Cruz, logró aprovecharse del momento de confusión y dolor para que doña Ángela Rosa Contreras estampara su huella digital en un escrito donde desistía de continuar con el juicio a cambio de recibir cinco mil córdobas.
Doña Ángela no sabe leer, por lo tanto no supo el contenido del papel donde puso su huella. “Ese abogado sólo me dijo que firmara el papel y que recibiría cinco mil córdobas”, dijo, para agregar que se siente engañada por el abogado.
Además, el documento legal establece que serán entregados en cuotas de 200 córdobas mensuales.
La pena más alta para el que mata a un humano en las calles producto de un accidente es de tres años de prisión. Pero el reo tiene el beneficio de la libertad bajo fianza y puede salir de la cárcel con sólo pagar unos cuantos centavos, que para remate no le quedan a los familiares de la víctima. 
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