Lavado de activos y política criminal
Gerardo Bravo Pérez
La discusión legal sobre la vigencia o no del tipo penal denominado lavado de activos demuestra una inconsistencia que el Estado de Nicaragua debe resolver. La política criminal forma parte y se demuestra del IUS PUNENDI, o sea, la capacidad de los estados de poder juzgar penalmente. No existe ninguna entidad privada que se arrogue esa capacidad. Es errado creer que la política criminal es responsabilidad exclusiva del legislador o de nuestros políticos en el poder.
Hay varias premisas a tomar en cuenta: la primera es que el Estado de Nicaragua firma alegremente diversas convenciones internacionales sobre temas tan candentes y llenos de controversias criminales y políticas como los acuerdos internacionales relativos a la corrupción de los funcionarios públicos o al tráfico ilegal de armas o la lucha antidrogas o acuerdos de integración económica. También hay convenciones de carácter social relativos a las peores formas del trabajo infantil que también se firman. Esas obligaciones internacionales devienen de diversas organizaciones mundiales o regionales como la ONU, OIT y la OEA. Esas y otras convenciones son firmadas por los ministros del gobierno de turno, aprobadas por los diputados de la Asamblea Nacional, después ratificadas por el jefe del Poder Ejecutivo y depositadas por la Cancillería. Este procedimiento constitucional, cuestionado por varios abogados, demuestra cómo el Estado nicaragüense asume para sí la seriedad y responsabilidad ante la comunidad internacional, pero, se nos presenta la segunda premisa relativa a la ejecutividad de todas ellas. Y es ahí donde demostramos la vulnerabilidad de legislar apropiadamente, pero esta debilidad no es facultativa de nuestros diputados pues concierne al Estado en su globalidad: Poder Ejecutivo y Poder Judicial sobre todo. Nos corresponde a la sociedad civil pronunciarnos ante cada uno de dichos eventos y proyectos legislativos, como una responsabilidad ciudadana en la que debemos hacer causa común con los valientes medios de comunicación de nuestro país.
Hay dos muestras manifiestas de la débil articulación de la política criminal. Una muestra es la discusión actual sobre la vigencia del tipo penal denominado lavado de activos en tanto la Fiscalía General de la República, que afirma que está asociado al narcotráfico. Aunque no esté totalmente de acuerdo, pero es cierto que hay inconsistencia en la formulación del tipo penal, debilidad legal que podrá allanarse con el fallo de la juez Méndez, independientemente de la inclinación que tenga esta judicial: absolutoria o no de este delito. Si no hubiera aclaración interpretativa de los legisladores, será una próxima sentencia judicial que a la larga podría sentar jurisprudencia, si las partes recurrieran como en efecto espero que procuradores y fiscales lo hagan. La otra muestra es la imposibilidad material de que el Estado nicaragüense juzgue criminalmente el caso de la supuesta venta de armas a la Policía panameña cuando no hay delitos constituidos, en consecuencia queda en plena vigencia el aforismo jurídico que sin ley penal no hay delito ni pena que juzgar.
Para ambos eventos, que pudieran ser conocidos criminalmente porque hay convenciones internacionales firmadas alegremente por nuestro Estado, no hay creados los instrumentos internos para ejecutarlos.
Es válido, entonces, que discutamos la conveniencia de modificar la legislación y procedimiento constitucional respecto a la entrada en vigencia de los acuerdos internacionales que se obligue la República. En derecho se conocen la teoría monista y dualista, que dan distintas soluciones a este problema, si se requiere o no un procedimiento de legislación interna en los estados para que surtan los efectos jurídicos de cada caso. El presidente Bolaños tiene en sus manos, como Jefe de Estado, esta tarea llena de lucidez de estadista, como él nos dijo que quisiera que lo recordáramos los nicaragüenses.
En tanto, no tiene sentido que el Estado siga firmando obligaciones internacionales que no va a cumplir, a nadie se engaña con ello, no nos engañemos nosotros también.
El autor es Abogado y Notario. 
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