El concepto de crisis lo usamos aquí en su correcto sentido jurídico y político de “mutación considerable en el curso de una enfermedad, sea por mejorarse o agravarse el enfermo”, y por extensión, “momento decisivo en un negocio grave o importante, con trascendentes consecuencias”; así como “cambio importante en procesos históricos o espirituales”; y, situación de un asunto cuando aparece dudosa la prosecución, el cambio o el término del mismo”, tal como lo define el enciclopedista Guillermo Cabanellas.

En punto de crisis se encuentra el grave problema institucional que afecta actualmente a Nicaragua y que fue creado por el ex presidente Arnoldo Alemán, quien, atrincherado en la Asamblea Nacional por una diputación que ejerce indebidamente —puesto que no fue electo por el pueblo como lo manda la Constitución y el más elemental principio democrático de representación—, entorpece el funcionamiento de las instituciones estatales, sabotea al Gobierno del presidente Enrique Bolaños y obliga a los diputados que lo apoyan incondicionalmente a persistir insensatamente en actitudes de prevaricato y desacato.

Nuestros lectores en el extranjero se preguntarán cómo es posible que una sola persona tenga tanto poder para hacer todo ese daño institucional, moral, político y económico; y por qué, si la mayoría de los nicaragüenses repudian a Alemán y quieren que se le juzgue por las acusaciones de corrupción, éste sigue haciéndose el fuerte en la Asamblea Nacional.

En realidad, para comprender de dónde proviene la fuerza política e institucional de Arnoldo Alemán, se debe recordar que la reforma constitucional de 1995 suprimió parte de los excesivos poderes que tenía el Presidente de la República, al mismo tiempo que amplió las facultades de la Asamblea Nacional, pero no para trasladar simplemente el mal de un centro de poder a otro, sino porque los reformadores de la Constitución creían que el Parlamento seguiría siendo pluripartidista y no se imaginaron que podría caer en manos de una mayoría sometida servilmente a un cacique autoritario y corrupto.

Pero eso último fue lo que ocurrió como resultado de las elecciones de 1996 y del pacto libero-sandinista de 1999, mediante el cual el FSLN y Daniel Ortega concedieron a Arnoldo Alemán el “derecho” a ser diputado nacional, y por lo tanto, presidente del Poder Legislativo, a cambio de una mejor participación sandinista en el botín del Estado y de crear condiciones más favorables para ganar las elecciones de 2001, que al final de todas manera las perdió el Frente Sandinista.

Pero ahora, después de ocho meses de tenaz lucha del presidente Enrique Bolaños contra la corrupción, que inevitablemente tenía que concentrarse en la figura emblemática de ésta que es el ex presidente Alemán; tras una labor sin precedentes por su magnitud y rigor profesional de investigación y denuncia de la corrupción, por parte de los medios de comunicación independientes, sobre todo de LA PRENSA; y ante la acusación de la Procuraduría General de Justicia contra Arnoldo Alemán respaldada por pruebas abrumadoras e irrefutables, la situación ha llegado al punto crítico de un desenlace positivo o negativo a partir de la sentencia interlocutoria de la juez Juana Méndez.

Es decir, que el problema institucional provocado por la corrupción y por la impunidad de Arnoldo Alemán tiene que resolverse ahora mismo de manera justa y legal, o se permite que Arnoldo Alemán y compañía se burlen de la justicia. En este sentido, aunque es lamentable que la juez Juana Méndez obvie el delito de lavado de dinero —sin dudas que para no establecer un precedente jurídico que podría aplicarse luego contra algunos líderes sandinistas—, lo más importante es que se dicte auto de prisión contra las personas que han podido ser juzgadas y que se deje causa abierta contra Alemán y otros acusados que se amparan en la inmunidad.

De manera que si el próximo 12 de septiembre, cuando se reunirá la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ésta no tramita la solicitud de desafuero de Alemán, la nueva mayoría parlamentaria deberá autoconvocarse en Plenario, destituir a los directivos arnoldistas y desaforar a Alemán para que vaya a responder ante la justicia.

Después de eso, los demás aspectos de la crisis institucional se podrán resolver por añadidura.  

La situación en punto de crisis