La decisión del presidente Enrique Bolaños de renunciar a su inmunidad ante la denuncia por supuestos delitos electorales que interpuso contra él la Fiscalía arnoldista-sandinista, es una ejemplar demostración de integridad en medio de la podredumbre moral de la clase política nicaragüense.

A nuestro juicio, la decisión de Bolaños de despojarse de su inmunidad es correcta, no sólo porque la denuncia que el fiscal general no se atrevió a poner personalmente —sino que obligó a hacerlo a una funcionaria de segundo orden—, es una vergonzosa farsa politiquera que no puede tener viabilidad si el Poder Judicial la tramita con respeto a la ley y a los principios básicos del Derecho. Y tampoco creemos que esta actitud ejemplar del Presidente sea porque él se sabe inocente de los cargos que le imputa la Fiscalía, la cual, si no acusó como es su obligación de acuerdo con el artículo 1 de la Ley No. 346 (Ley Orgánica del Ministerio Público), sino que presentó una denuncia para lo cual no está facultada, es porque no tiene pruebas para sostener su disparate o porque todavía no ha podido inventarlas.

En realidad, lo fundamental es que la renuncia del presidente Bolaños a su inmunidad constituye una ejemplar demostración de integridad, que reivindica la ética del funcionario público. Éste, si es una persona honorable honra su cargo y se respeta a sí mismo, y no vacila en renunciar a su inmunidad y ponerse a la orden de la justicia en cuanto se le acusa o denuncia por algún delito real o supuesto, aunque sea una falsedad, en vez de escudarse en ese privilegio legal y convertirlo en impunidad.

Esta actitud ejemplar del presidente Bolaños contrasta con la conducta de Alemán y sus asociados, que se amparan en la inmunidad e inclusive atentan contra la estabilidad nacional y menosprecian la voluntad popular demostrada en las elecciones del año pasado, para tratar de evadir la justicia ante las acusaciones de corrupción que pesan abrumadoramente contra ellos.

Y contrasta también, la actitud del Presidente Bolaños, con la conducta del ex presidente sandinista, Daniel Ortega, quien igualmente se escudó en la inmunidad para no responder a la acusación por supuestos delitos sexuales que le hizo su propia hijastra, Zoilamérica Narváez. Como se recordará, Ortega se negó a renunciar a su inmunidad y sus diputados impidieron —con la complicidad de los diputados de Arnoldo Alemán— que la Asamblea Nacional lo desaforara, hasta que estuvo seguro de que una jueza sandinista lo sobreseería definitivamente con el pretexto de que en ese caso habría prescrito la acción penal.

Ahora bien, está claro que la denuncia de la Fiscalía no sólo es una farsa sino también una irresponsable maniobra politiquera, fraguada como revancha por las acusaciones de corrupción que el Gobierno presentó en los juzgados contra el ex presidente Arnoldo Alemán y algunos de sus más cercanos colaboradores. Inclusive, tal como se informó en la edición de ayer de LA PRENSA, todavía el día anterior a la presentación de la denuncia de la Fiscalía, un emisario arnoldista quiso chantajear al presidente de la Asamblea Nacional con la amenaza de que si no se “arreglaba” satisfactoriamente el asunto del desafuero del ex presidente liberal, entonces se presentaría la denuncia de delitos electorales sin importarles el daño que le hacen a la nación, y aunque se hundan la misma cúpula del PLC y el Gobierno, junto con Arnoldo Alemán.

Ahora dependerá de los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia, a quienes Arnoldo Alemán les entregó el control político del Poder Judicial, decidir si aceptan como legítima la farsa de la Fiscalía, o la rechazan de plano como debería ser.

Así estamos en Nicaragua. E independientemente de que el presidente Bolaños seguramente acusará a los miembros de la Fiscalía arnoldista-sandinista por el delito de falsa denuncia que está tipificado en el Código Penal, a los ciudadanos sólo les queda abrigar la esperanza de que esta crisis deliberadamente creada y atizada por los políticos corruptos de Nicaragua, se resuelva satisfactoriamente conforme a Derecho y justicia, o que termine con una barrida de toda la clase política que tanto daño le hace a la sociedad nicaragüense. Ojalá que así fuera.  

Integridad contra perversidad