¿Quién responde por el Canal 6?
Ary Neil Pantoja
aryneil.pantoja@laprensa.com.ni
¿Quién responderá por la quiebra del Canal 6? ¿Quién responderá por el fraude de 1.3 millones de dólares en perjuicio del Estado de Nicaragua?
Estas son las preguntas que saltan a luz pública luego de ver cómo, uno a uno de los involucrados en este fraude, han ido saliendo de la cárcel y de cómo, quienes hace algunos meses eran los más férreos acusadores, ahora se convierten en “testigos de buena conducta” de algunos de los acusados.
Veo a un procurador especial penal, Eduardo Boza, avalar la excarcelación del ex presidente de Enitel, Salvador Quintanilla, por considerar que no hay méritos suficientes para tenerlo como acusado, cuando de esa institución salieron cinco cheques —uno de los cuales por más de medio millón de dólares—, cuyos montos ahora se desconoce su destino.
Es casi increíble ver a un Leonel Téller Sánchez, mayor fustigador contra la corrupción, asistir a un programa de televisión acompañando a la diputada Martha McCoy Sánchez, dando fe de su comportamiento y diciendo que no se comprobó su participación en el fraude.
McCoy fungió como secretaria de Comunicación de la Presidencia durante el gobierno del presidente Arnoldo Alemán y que diga que no conoció el contrato entre el Canal 6 y Servicios Integrales Casco S.A. para la supuesta compra de espacio de televisión a TV-Azteca, es algo poco creíble.
Otro tanto hace el ex secretario de Comunicación Social del presidente Enrique Bolaños, Alejandro Fiallos Navarro, declarando a favor de McCoy y del diputado David Castillo Sánchez, ante la comisión especial de desaforación de la Asamblea Nacional. Los nicaragüenses debemos estar en algo así como la dimensión desconocida porque, que yo recuerde —y consta en el expediente judicial— Fiallos declaró contra estas personas en representación del Estado de Nicaragua.
Después de ver salir de la cárcel a Ausberto Narváez Argüello y a Mario Medrano Medrano; por el caso del Canal 6 ahora sólo están presos Sydney Pratt Reyes, ex gerente general del canal estatal; Dagoberto Rodríguez, ex gerente financiero y Mayra Medina González, ex representante de Servicios Integrales Casco S.A.
Una de tres: O la Procuraduría General de la República fue tan incompetente al punto de equivocarse en su acusación inicial, señalando responsabilidad penal a personas que no lo merecían; o la juez suplente Gertrudis Arias erró totalmente en su sentencia interlocutoria sobre este caso. O es que el presidente Enrique Bolaños quiere poner fin al circo político que montó con esto de la lucha contra la corrupción.
La cuarta posibilidad es que el actual mandatario de los nicaragüenses haya hecho un arreglo con los acusados para que declaren en contra del ex presidente Arnoldo Alemán y así librarse del caudillo liberal que mucho daño ha causado ya a Nicaragua.
Si así fuera el caso, la lista de “ingratos y traidores” se está agrandando cada día más. El peligro de esto es que pronto podríamos asistir a una posible “negociación” en el famoso caso de “La Huaca”, que tuvo su efecto búmeran en la sentencia interlocutoria de la juez Juana Méndez; mientras la Fiscalía General de la República amenaza y amenaza con iniciar un proceso judicial por delitos electorales que podría incluir al mismo presidente Enrique Bolaños. 
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