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JUEVES 17 DE OCTUBRE DEL 2002 / EDICION No. 22884 / ACTUALIZADA 02:30 am
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Reos nicas optan por cárceles costarricenses

.De unos 580 nicaragüenses presos en Costa Rica, 48 ó 50 quieren ser repatriados al país

Elízabeth Romero
elizabeth.romero@laprensa.com.ni

De 580 nicaragüenses que purgan condena en cárceles costarricenses, únicamente entre 48 y 50 aceptaron voluntariamente la repatriación a Nicaragua, lo que indica que pese a la situación carcelaria que enfrentan en el vecino país, los nacionales no desean regresar a su patria.

Sin embargo, aún se desconoce la fecha en que será efectiva la repatriación, debido a que aún falta que la Corte Suprema de Justicia, nombrada como la autoridad central, la que a su vez designó a la Sala Penal como la encargada de ejercer esa tarea, nombre al Juez Ejecutor de las penas, explicó el asesor para Asuntos Penitenciarios, Mario Zelaya Rojas.

El funcionario mencionó que el Ministerio de Gobernación ha enviado en dos ocasiones a dos de sus funcionarios para entrevistarse con los 580 presidiarios, pero la cantidad de los interesados en repatriarse se mantiene; en su mayoría recluidos en las cárceles de Heredia y San José.

En la cárcel de mujeres de ese país cumplen condenas 60 nicaragüenses, pero sólo dos de éstas, pidieron ser repatriadas. “No se quieren venir, están arraigados, tienen familia, casa, están casados, tienen hijos”, indicó el funcionario.

La solicitud fue efectuada por el gobierno costarricense al de Nicaragua, durante la administración anterior, tras adherirse Nicaragua a la Convención Interamericana para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta convención fue ratificada por 15 estados miembros de la OEA.

Una vez que sea nombrado el juez ejecutor deberá ser comunicado a la OEA y el Ministerio de Gobernación cooperará en la repatriación, sobre todo en lo referente a la logística y a garantizar la seguridad del traslado, manifestó Zelaya Rojas.

Según la convención, Costa Rica está obligada a llevar a los presos hasta la frontera con Nicaragua y después será el gobierno de Nicaragua quien asumirá el traslado a los diferentes penales, todo esto será bajo “extremas medidas” de seguridad, tanto por parte de la Policía como de los custodias del Sistema Penitenciario Nacional.

Mientras tanto, las autoridades de Gobernación verifican con el Consejo Supremo Electoral, sí realmente estas personas son nicaragüenses y sobre su lugar de origen, para en base a eso, ubicarlos en las cárceles correspondientes.  
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