Presupuesto y seguridad
Francisco Javier Bautista
fjbautista@policia.gob.ni
En el contexto económico actual es necesario reducir el déficit del presupuesto que asciende al 12 por ciento del PIB. Se vislumbra un crecimiento cero en la economía para 2002, un aumento del déficit comercial debido a la caída del volumen de las exportaciones y al deterioro en un 60 por ciento de los términos de intercambio en los últimos 20 años, todo esto marcado por conocidos problemas estructurales cuya solución debe ser producto del esfuerzo y consenso de largo plazo. Resulta impostergable en el plazo inmediato atender las prioridades que por encima de todas las necesidades se convierten en asuntos de primer orden e indelegable responsabilidad del Estado. Aunque el problema es complejo, a mi modo de ver son tres las cuestiones claves: el empleo, la salud pública y la seguridad ciudadana, que se vinculan a tres necesidades básicas: comida para subsistir, salud y protección de las personas.
Los nicaragüenses, principalmente el 25 por ciento en condiciones de desempleo y el 65 por ciento en condiciones de pobreza y pobreza extrema, requieren en primer lugar una fuente de ingreso básica que les permita obtener la alimentación para la subsistencia de su familia y cubrir el costo de la canasta básica que se estima en C$2,100. Le corresponde al Estado, además de promover las condiciones mínimas de infraestructura y servicios básicos, más que generar empleo, generar políticas macroeconómicas y de confianza para promover la inversión privada que genere empleo.
Igualmente, las personas tienen numerosas necesidades y demandas, pero por encima de todas, requieren y valoran en primer orden, la certeza de que en un momento crítico de su salud o la de sus hijos o parientes, podrán asistir a un centro de salud o a un hospital y tendrán la atención básica inmediata y de emergencia sin demora. Una persona debería tener la confianza de que ante la posibilidad de sufrir cualquier accidente, dispondrá de una ambulancia, atención médica y medicinas para atender su urgencia y recuperar su salud. Debe tener la confianza de que cuando se enferme de dengue, malaria o gripe o de cualquier otro padecimiento él, sus hijos o su familia, tendrá el auxilio inmediato y eficaz del sistema público de salud. Lo demás lo deja para después. En ese momento lo que más valora, más agradece, más necesita es esa respuesta.
El tercer asunto, la protección de las personas y sus bienes, se vincula a la seguridad ciudadana y la Policía. Cuando la gente siente amenazada su vida, su integridad física y pide el auxilio policial, éste debe ser inmediato y eficaz, y sólo cuando es inmediato sirve, después ¿para qué?, cuando el daño ha sido causado.
La población debe tener la confianza que ante la posibilidad de que su vida, la de su familia, sea dañada dispone en el plazo inmediato de la atención y el apoyo policial, cuando tenga un conflicto, un accidente de tránsito, un robo o una agresión física, mediante una llamada telefónica o cualquier otra forma, tendrá cerca a la Policía para auxiliarle. La gente debe sentir que el riesgo a ser víctima de un delito cualquiera o de sufrir un daño a su persona o a su propiedad es menor y que eso es posible porque existe un sistema policial eficaz, preventivo y cercano. Por otro lado, tener la certeza de que la institución policial es profesional, imparcial y responde a los intereses principalmente de la ley y la sociedad, es factor de gobernabilidad y condición necesaria para la inversión y el desarrollo. Lograr esto tiene costos, ¿quién, si no el Estado debe pagar estos costos? Tener esta confianza es un factor clave en la percepción de seguridad de los ciudadanos y fortalece el apoyo de éstos al sistema democrático.
La Policía Nacional tiene una situación deficitaria en cuanto a su capacidad de respuesta a los servicios que la población demanda, carece de una cobertura total en el territorio nacional, habiendo municipios del interior (que normalmente son los más pobres del país) en donde no existe disponible el servicio policial. Los tiempos de respuesta a la población ante el llamado de emergencia, no son ágiles y la capacidad preventiva en general de la Policía es limitada. Esta realidad requiere soluciones de mediano plazo, por lo que la Policía Nacional y el Gobierno de Nicaragua han aprobado el Programa de Modernización y Desarrollo de la Policía Nacional para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Es importante mantener la consistencia y congruencia de este plan con las políticas nacionales y con el Presupuesto anual de la República. La Policía Nacional ha planteado en sus requerimientos principales el incremento de 480 cargos orientados a mejorar la prevención, la respuesta a la población, la regulación del tránsito y la vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Con este incremento de cargos la Policía contaría en diciembre de 2003 con 7,680 policías, es decir una relación de un policía por cada 690 habitantes, que comparada con el promedio en Centroamérica de 1 x 380 habitantes, no es óptima, pero sí posible en nuestro contexto. A pesar de esto, en Nicaragua seguimos teniendo una ventaja comparativa con respecto a Centroamérica en cuanto a nivel de violencia delictiva, lo que requiere esfuerzos nacionales para preservarla y potencializar la inversión privada nacional y extranjera que complementa positivamente los otros factores políticos y macroeconómicas vinculados al riesgo país.
A diferencia de la generación de empleo donde la responsabilidad principal del Estado es de facilitador, Salud y Policía cuyos servicios principales deben estar disponibles las 24 horas del día, es una responsabilidad pública e indelegable del Estado, alrededor de la cual tienen que aglutinarse los esfuerzos sociales y privados.
En Nicaragua son muchas las necesidades y muchos los problemas a los que hay que prestar atención, pero ¿qué es lo impostergable? ¿Qué es lo imprescindible? La necesidad de ajuste en el gasto público no debe implicar la reducción de las posibilidades de respuesta a las personas en lo relativo a la atención de salud y el auxilio policial. Es importante valorar si los recursos para las instituciones encargadas están disponibles en función del problema sustantivo o de la burocracia innecesaria, lo que podría lograrse mediante un vínculo más eficiente entre presupuesto, resultado y control.
El autor es Comisionado General, Subdirector General Policía Nacional. 
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