Si el Gobierno clausuró la radioemisora La Poderosa porque en ella se criticaba fuertemente al presidente Enrique Bolaños, sin dudas que sería una intolerable violación de la libertad de información y de expresión. En realidad, aunque en dicha radioemisora se usara un lenguaje virulento para ofender e inclusive para amenazar de muerte al presidente Bolaños, no por eso se le debía clausurar.

Los abusos que se cometen en el ejercicio de la libertad de expresión se sancionan de acuerdo con lo establecido en el Código Penal, no cerrando ningún medio de comunicación, porque éstos no delinquen. Quienes cometen abusos y delitos en el ejercicio de la libertad de prensa son los individuos que operan los medios, de manera que es a éstos a quienes se les debe aplicar la ley.

La Declaración de Chapultepec sobre la Libertad de Expresión, que el presidente Bolaños suscribió el 4 de julio del año pasado y se comprometió a respetar durante su ejercicio gubernamental, señala en su principio número 7 que: “Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”. Pero en la misma Declaración de Chapultepec se precisa que: “Al defender una prensa libre y rechazar imposiciones ajenas, postulamos, asimismo, una prensa responsable, compenetrada y convencida de los compromisos que supone el ejercicio de la libertad”.

En realidad, aun en la más perfecta democracia, si es que la hubiere, el ejercicio de la libertad exige como contrapartida el respeto al derecho ajeno y el sentido de responsabilidad. “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 19. Pero la misma Declaración señala en su artículo 29 que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades toda persona estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, “con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”.

Ni Arnoldo Alemán ni sus seguidores, que son los dueños y operadores de La Poderosa, ni tampoco la entidad Coprosa que pertenece a la Iglesia Católica de Nicaragua —que era la concesionaria de la frecuencia en que operaba dicha radioemisora—, ni nadie, pueden hacer lo que quieran al amparo del derecho a la libertad de expresión. Pero si Coprosa no estaba registrada de manera legal y si los dueños de La Poderosa no pueden presentar las pólizas de importación de los equipos para demostrar que fueron adquiridos de forma transparente, en vez de clausurar la radioemisora por la vía administrativa se debió enjuiciar legalmente a los presuntos culpables. Porque si bien a nadie, ni al más poderoso político y obispo se le puede ni se le debe permitir que se coloque por encima de la ley, no menos cierto es que el cierre administrativo de cualquier medio de comunicación atenta contra la más sagrada de todas las libertades, que es la de expresión e información.

Para cualquier persona decente es muy difícil, por no decir imposible, defender el contenido de las “informaciones” y opiniones que se transmitían en Radio La Poderosa, que por lo general desbordaban los límites de la responsabilidad, la ética periodística y la moralidad social. Pero, insistimos, si el Gobierno tenía razones para acusar judicialmente a los operadores de dicha radio emisora, esto es lo que debió haber hecho en vez de cerrar sin juicio previo un medio de comunicación, lo cual lastima de manera sensible a la más importante de todas las libertades y la principal de las conquistas democráticas, que es la libertad de expresión.

El Gobierno debe disponer cuanto antes la reapertura de radio La Poderosa, sin perjuicio de llevar a los tribunales a las personas que considere que la han usado para delinquir.  

El cierre de La Poderosa