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SáBADO 12 DE OCTUBRE DEL 2002 / EDICION No. 22879 / ACTUALIZADA 02:30 am
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Fiscalía reconoce delitos de Alemán

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El fiscal de la República, Julio Centeno Gómez, compareció ayer ante la comisión investigadora parlamentaria que revisa las solicitudes judiciales de desafuero contra los diputados Arnoldo Alemán, María Dolores Alemán Cardenal, David Castillo y Martha McCoy.

 

Consuelo Sandoval
consuelo.sandoval@laprensa.com.ni

El fiscal Julio Centeno Gómez admitió ayer que las evidencias probatorias contenidas en el expediente del caso del Canal 6 condujeron a establecer la supuesta participación en la comisión de delitos del ex presidente Arnoldo Alemán, contra quien todavía no existe causa abierta.

“Las evidencias probatorias que estaban allí (caso del Canal 6), lo habían llevado hasta ser motivo de abrirle un proceso (a Alemán), pero que contra él no había proceso abierto y que lo que estaba evidenciando su presunta participación en estos hechos era lo investigado por los otros (ex funcionarios públicos), contra quienes ya había un auto de formal prisión”, expresó Centeno.

Centeno compareció ayer ante la comisión investigadora de la Asamblea Nacional, que está encargada de averiguar sobre las solicitudes judiciales de desafuero contra cuatro legisladores en el caso del Canal 6 y de la “huaca”.

EXIMEN A CASTILLO Y MCCOY

Explicó que la Fiscalía no tiene un criterio definido sobre los dos procesos, mientras la judicial no se pronuncie sobre solicitud de reformar la sentencia y tampoco si amerita o no el desafuero de Alemán y su hija, la diputada María Dolores Alemán, en tanto no se inicie el juicio y se presenten las pruebas directas en su contra.

Centeno eximió de responsabilidad a los diputados David Castillo y Martha McCoy, porque, según declaró, eran funcionarios públicos que respondían al principio de obediencia de sus superiores.

¿CAOS INSTITUCIONAL?

El presidente de la comisión legislativa, diputado Orlando Tardencilla, reveló que Centeno considera que las investigaciones del Canal 6 y la “huaca” tienen que profundizarse y recordó que el gobierno denunció públicamente a varios ex funcionarios gubernamentales por fraude y malversación de cien millones de dólares y acusó solamente por siete millones de dólares.

Tardencilla dijo que Centeno advirtió a los legisladores que como el caso de la “huaca” está íntimamente vinculado al delito electoral, se podría producir un caos institucional, por cuanto ese dinero fue desviado tanto para el pago de estipendios como para financiar la campaña electoral del PLC, a través de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN).

TEMOR DEL FISCAL

“En el fondo percibo el temor del Fiscal porque si él no acusa, puede cometer desacato grave y si acusa no puede probar, el Código Penal es muy duro contra las falsas acusaciones, entonces más bien quien tiene el temor es la entidad que está obligada a acusar porque es muy difícil probar excepto para cuatro o cinco funcionarios que parece estaban con conocimiento de estos procedimientos del manejo del dinero del Estado”, expresó Tardencilla.

Calificó de irresponsables a algunos de sus colegas que han emitido opinión acerca de la inocencia o culpabilidad de los indagados cuando ni siquiera se han preocupado por conocer el expediente de 7,800 folios y ninguno ha pedido leerlo.

"DESTITUCIÓN MASIVA"

El diputado de Camino Cristiano, Orlando Mayorga, vaticinó que las personas que resultaron electas en todos los poderes del Estado serían destituidos de sus cargos y podrían enfrentar hasta 25 años de cárcel de comprobarse que cometieron delito electoral, porque 93 de los 100 millones de dólares mencionados en el caso de la “huaca” sirvieron para financiar la campaña electoral y el pago de los estipendios.

Tardencilla contradijo a Mayorga, asegurando que ese potencial peligro de cárcel sólo está circunscrito a los que conocían realmente del origen del dinero para el financiamiento de la campaña.

Ambos legisladores coincidieron en que la comisión investigadora emitirá dos dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría, que extenderían los liberales y sus aliados porque consideran que el proceso contra Alemán y resto de legisladores es político.  
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