La moratoria del San Juan
Alfonso Ortega Urbina
En la declaración de Alajuela, Costa Rica, firmada el 27 de septiembre de 2002, por el canciller Norman Caldera con el canciller costarricense Roberto Tovar Faja, el gobierno de Nicaragua se comprometió “a mantener durante un plazo de tres años a partir de hoy, la situación jurídica existente en esta fecha, respecto a su declaración de aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia”.
Para mejor información y comprensión de la ciudadanía nicaragüense de los alcances de la declaración de Alajuela, en mi carácter de presidente de la comisión del exterior de la Asamblea Nacional considero que la aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, es una decisión soberana de los países y en razón de ella quedan obligados a comparecer en juicio cuando sean demandados y en consecuencia acatar y cumplir el fallo que la Corte dicte. Sin esta aceptación voluntaria nadie puede obligar a un Estado soberano a comparecer en corte.
Las reservas a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia es una limitación parcial a la aceptación general de la jurisdicción de la Corte, estas reservas pueden ser presentadas coetáneamente en el mismo documento de la aceptación general de la jurisdicción obligatoria o bien pueden hacerse más tarde, mediante nota dirigida al secretario general de las naciones unidas para que lo haga del conocimiento de la Corte e informe a todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, tal como lo formuló Nicaragua, setenta y un años después de haber aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte en lo general, con su reserva presentada al secretario general de naciones unidas Kofi Annan, informando que a partir del veintidós de octubre del año dos mil uno Nicaragua no aceptará la jurisdicción obligatoria de la Corte de La Haya en demandas que tenga su origen en interpretación de tratados o sentencias arbitrales anteriores al treinta y uno de diciembre del año mil novecientos uno.
La aceptación voluntaria, de Nicaragua a la jurisdicción obligatoria de la Corte Permanente de Justicia Internacional, creada por la Liga de las Naciones, fue hecha el veinticuatro de septiembre de mil novecientos veinte y nueve, mediante declaración suscrita y presentada por nuestro representante diplomático T.F. Medina, en Ginebra, Suiza. Esta aceptación de jurisdicción general, voluntaria y única, sin reservas ni señalamientos de plazo de caducidad, fue transferida a la nueva Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.
En la moratoria judicial acordada en la Declaración de Alajuela, Nicaragua se comprometió: “a mantener, durante un plazo de tres años a partir de hoy, la situación jurídica existente en esta fecha, respecto a su declaración de aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia” compromiso que Nicaragua cumplirá con exactitud por cuanto ello está implícito en la aceptación de jurisdicción de la Corte que hizo en septiembre de mil novecientos veintinueve.
Cabe observar, que las reservas o limitaciones a la aceptación de la jurisdicción de la Corte, que significa lo contrario a la aceptación de jurisdicción, no fueron contempladas en el texto de la Declaración de Alajuela, pero implícitamente su vigencia es parte de la situación jurídica existente al momento de la firma de la Declaración de Alajuela. En efecto:
“Por su parte, durante dicho plazo de tres años, el gobierno de Costa Rica se compromete a no iniciar ninguna acción o reclamación internacional contra Nicaragua, ante la Corte Internacional de Justicia, ni en ninguna otra instancia internacional, respecto de cualquier asunto o reclamación referidos a tratados o acuerdos actualmente vigentes entre ambos países”.
Y además: “El gobierno de Costa Rica manifiesta su disposición de eliminar el cobro de veinte dólares para otorgar la visa a los nicaragüenses portadores de pasaporte ordinario, ofreciendo sus buenos oficios ante la Asamblea Legislativa, en el entendido de que la Asamblea es soberana para eliminar o mantener el cobro. A su vez Nicaragua ofrece eliminar el cobro por tarjetas de turismo y servicios migratorios a los ciudadanos costarricenses, una vez que se cancele el cobro de visados a los nicaragüenses por parte de Costa Rica”.
El autor es diputado, presidente de la Comisión del Exterior. 
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