Nada personal
El seguro inseguro
Douglas Carcache
douglas.carcache@laprensa.com.ni
Conozco a varias personas que preferirían dejar de cotizar al Instituto de Seguridad Social (INSS) y a cambio adquirir un seguro privado que les garantice una pensión después que se retiren de la vida laboral, sin tener que mendigarle al Estado.
Otros temen que las aseguradoras privadas los dejen en el aire, si en algún momento se hunden porque éstas casi siempre están bajo la sombra de algún banco comercial, y en Nicaragua las quiebras bancarias han sido traumáticas para los ahorrantes.
El más confiable debería ser el Estado, pero los datos oficiales indican que el 40 por ciento de la deuda con el INSS corresponde a instituciones estatales, entre ellas el Consejo Supremo Electoral (CSE), un organismo que ha dispuesto de muchos fondos del presupuesto nacional y de la cooperación externa.
La quiebra del Seguro Social es consecuencia de la mala administración estatal, que ha financiado gastos del gobierno con el dinero de los asegurados y ha sido indolente para cobrarle a los empresarios que durante una década han acumulado una mora de más de 600 millones de córdobas.
Tengo la impresión de que en Nicaragua sólo los altos funcionarios estatales están asegurados hasta sus últimos días, porque reciben pensiones vitalicias o salen de los cargos con indemnizaciones millonarias, como si hubieran desarrollado funciones bajo sacrificios extremos y por eso ameritaran compensaciones increíbles.
Los magistrados del Consejo Electoral ganan 38,000 córdobas por mes, pero este viernes pidieron al Gobierno que les aumente el sueldo a 92,000 córdobas, sin incluir otros beneficios que reciben por el cargo.
El magistrado Silvio Calderón defendió ese aumento salarial como “un legítimo derecho”, pero esos funcionarios que reclaman una paga mejor son los mismos que han negado el derecho a miles de nicaragüenses a tener una seguridad social mejor, porque el CSE le debe 25 millones de córdobas al INSS y pretende pagarlos en abonos a lo largo de tres años.
En cambio, los asalariados, que han pasado 30 años o más cotizando mes a mes a la Seguridad Social, esperan su retiro en la incertidumbre, porque gran parte de sus aportes se ha perdido en la administración pública o nunca llegó al INSS, porque algunos empleadores gastaron ese dinero ajeno en quién sabe qué.
¿Cuánto han perdido los asegurados por esos robos? En el INSS debería existir una reserva de 38 mil millones de córdobas, pero sólo hay 2,500 millones. Han desaparecido 35 mil 500 millones de córdobas.
Lo más seguro es que el gobierno trate de cubrir ese faltante cobrando más impuestos, y al final los mismos ciudadanos terminarían pagando lo que se robaron algunos funcionarios. ¿Qué pueden hacer los asalariados que han pagado puntual a la Seguridad Social? Demandar al gobierno. 
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