Después de tres meses de acefalía, los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) reeligieron el viernes pasado a Roberto Rivas como presidente de dicho organismo. De manera significativa, esta “solución” a la crisis del CSE se produjo inmediatamente después de que Daniel Ortega se reunió con el cardenal Miguel Obando (mecenas de Rivas) y con Arnoldo Alemán (mentor de los magistrados liberales), en una clara, rápida y eficaz reactivación del pacto libero-sandinista, al menos para este caso.

También fue muy significativo que el mismo día que se “resolvió” la crisis del CSE con la reelección de Rivas, los contralores liberales y sandinistas cambiaron con pasmosa rapidez una resolución de responsabilidad penal contra el presidente del CSE, por supuestos abusos en el manejo de los fondos de dicha institución, y la sustituyeron con responsabilidad administrativa. Y por si fuera poco, estos magistrados electorales que en cualquier país del mundo con un mínimo de respeto a la ley y la ética hubieran sido destituidos, o ellos hubiesen renunciado, en la misma conferencia de prensa en la que dieron a conocer la reelección de Roberto Rivas anunciaron que se van a triplicar el sueldo, al parecer para compensarse por los “sufrimientos” que han padecido durante estos meses de crisis. ¡Qué barbaridad!

Sin dudas que el Consejo Supremo Electoral es la institución más dañada por el pacto de Arnoldo Alemán y Daniel Ortega para la bipartidización de los poderes del Estado. Y es muy preocupante la bancarrota moral del CSE, porque es una institución clave para el funcionamiento de la democracia, que mal que bien constituye el fundamento del sistema de gobierno y de vida de los nicaragüenses.

Al Consejo Supremo Electoral le corresponde la delicada responsabilidad de organizar, dirigir y vigilar la celebración de las elecciones populares, así como realizar los escrutinios, resolver sobre las reclamaciones y apelaciones, decidir acerca de la personalidad jurídica de los partidos y proclamar oficialmente los resultados electorales, que deben ser acatados incondicionalmente por todos los nicaragüenses. Las funciones del CSE son tan importantes como las de la Corte Suprema de Justicia, y en cierto modo inclusive más importantes, pues mientras ésta resuelve los litigios entre las personas por las cosas, los conflictos del tuyo y el mío y la legalidad o ilegalidad de los actos públicos y privados, los magistrados electorales deciden sobre la formación del poder y el ejercicio de los derechos ciudadanos esenciales, y revisten de autoridad a los individuos que gobiernan y asumen la responsabilidad de velar por la libertad, los derechos y los bienes materiales de todos los nicaragüenses.

Por eso es que a la ciudadanía le indigna la crisis permanente que afecta al CSE desde el pacto entre Alemán y Ortega, los pleitos partidistas y personales entre los magistrados, el encarecimiento desmesurado de las elecciones, las frecuentes denuncias de abusos, de derroche e ineficiencia, en particular de su presidente, quien acaba de ser reelecto como resultado de turbias negociaciones políticas. Y lamentan que la institución del Estado encargada de velar por la pureza del sufragio —es decir, de la conciencia ciudadana erigida en voluntad política para la integración de los poderes públicos y la selección de los gobernantes— se haya desprestigiado hasta el grado de ser el organismo estatal más menospreciado por la sociedad, según lo demuestran las diversas encuestas de opinión pública nacional.

Pero por supuesto que la culpa de esta deplorable situación no es del mismo Consejo Supremo Electoral, pues las instituciones no delinquen ni cometen errores. La culpa es de quienes ocupan los cargos de magistrados no por sus méritos personales y profesionales, sino porque son designados por los caciques de sus partidos, y por lo tanto no tienen capacidad ni voluntad de hacer honor a las magistraturas de las que están investidos.

Y de forma lamentable, lo único que se puede hacer al respecto es esperar que la mayoría de los ciudadanos rectifique sus preferencias electorales en los próximos comicios, y que en vez de seguir votando masivamente a los dos partidos pactistas y corruptos lo hagan por una alternativa verdaderamente democrática y decente, que desde la Asamblea Nacional pudiera reorganizar al Poder Electoral e integrarlo con personas apartidistas, profesionales y confiables.  

Drama y farsa en el CSE