Diplomáticos y soldados de EE.UU. tendrán inmunidad en Europa
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 | Bruselas cede ante las presiones de Washington y los Quince firmarán acuerdos bilaterales |
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“No se trata de ninguna concesión ni de rendición”, se defendió ante la prensa el ministro danés Per Stig Möller, en nombre de la Unión Europea. |
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Bosco Esteruelas
Bruselas/ElPais.es.-La UE ha atendido las presiones de EE.UU. para conceder inmunidad a su personal diplomático, civil y militar destinado en territorio comunitario ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Los ministros de Asuntos Exteriores europeos pactaron el lunes un planteamiento común a fin de que cada socio se sirva de acuerdos bilaterales ya existentes o suscriba otros con Washington facilitándole tal privilegio bajo la condición de que los estadounidenses perseguidos por genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad sean juzgados por tribunales de su país.
“No se trata de ninguna concesión ni de rendición. Simplemente hemos atendido las preocupaciones de EE.UU. al tiempo que preservamos los estatutos del tribunal’, declaró ayer tarde el ministro danés Per Stig Möller en nombre de la presidencia de la Unión.
Satisfecho también se mostró el comisario europeo de Asuntos Exteriores, Chris Patten, que hasta ahora era uno de los más firmes opositores a firmar pactos con terceros que minaran la CPI. “Es innegociable”, decía este verano.
Sin embargo, afirma ahora que la fórmula encaja perfectamente con los estatutos de este órgano judicial, el primero en la historia de este tipo, fundado en Roma en 1998 y que ha comenzado a funcionar este verano sin el apoyo, entre otros, de EE.UU., Rusia, China o India.
La UE ha establecido tres principios para atender las presiones de la administración de Bush: la no inmunidad de norteamericanos perseguidos por la CPI, lo que supone que tendrán que ser procesados por la justicia de su propio país; la no reciprocidad en el caso de los europeos a fin de no extender más la inmunidad y, finalmente, el alcance de este privilegio: afectará exclusivamente a todo “personal diplomático, militar o civil enviado” por EE.UU. a territorio comunitario.
ACTIVISTAS DE DD.HH. INSATISFECHOS
“La UE ha hecho demasiadas concesiones”, afirmó Richard Dicker, director del programa de justicia internacional de Human Rights Watch. “No veo garantías que obliguen al procesamiento de esas personas en EE.UU. y, por otro lado, abre la puerta para hacer nuevas excepciones con países no signatarios como es el caso de Rusia”, comentó el representante de la destacada organización humanitaria norteamericana. La presidencia danesa dijo “no tener constancia’ de haber recibido petición por parte rusa, y se limitó a afirmar que sería estudiada si Moscú lo solicita.
Los gobiernos del Reino Unido, Italia y España fueron desde el primer momento los socios comunitarios más proclives a alcanzar una solución con EE.UU. Londres y Roma amenazaron el pasado agosto con firmar por separado acuerdos bilaterales con Washington, tal como EE.UU. ha hecho ya con una docena de países no comunitarios. La presidencia danesa salvó hace un mes los muebles al lograr que nadie diera un paso hasta que no se alcanzara una posición común.
La propuesta alcanzada por los Quince es bastante sutil, señalan fuentes diplomáticas. No podía ser de otro modo tratándose de la UE. No se concede un cheque en blanco a la Administración de Bush extendiendo la inmunidad a cualquier ciudadano norteamericano, como sugería el italiano Silvio Berlusconi, ausente ayer de la cita ministerial, y deja al arbitrio de cada gobierno la aplicación de acuerdos bilaterales ya existentes con Washington en materia de extradición, como quería Alemania, y no de un acuerdo global.
“No se trata de una posición común, sino de un planteamiento común que evita una división interna y atiende las preocupaciones de EE.UU. preservando el principio de no impunidad y, en definitiva, la integridad del tribunal’, sentenció la ministra española Ana Palacio. Los servicios jurídicos de la Comisión Europea concluyeron este verano que acuerdos bilaterales sobre inmunidad con países no signatarios serían una violación de los estatutos del tribunal.
Por otra parte, la española Unión Progresista de Fiscales manifestó el pasado fin de semana que “la única posición claramente a favor de la protección de los derechos humanos es la de una cerrada oposición a la firma de los citados acuerdos bilaterales, que tanto daño pueden hacer a los avances que en los últimos tiempos se han producido en esta materia”. 
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